Entrega de camiones recolectores a municipios es solo un “burdo acto de campaña”.
San Luis Potosí SLP.- María Isabel González Tovar, diputada del PRD, pidió hoy al CEEPAC intervenir para sancionar los “burdos y descarados” actos anticipados de campaña en que incurre el alcalde Xavier Nava Palacios, ahora con la entrega de camiones para recolección de basura a varios Ayuntamientos.Anunció que pedirá a su partido, el PRD, presentar las denuncias correspondientes, a fin de que se sancionen esas conductas y evitar que se sigan cometiendo.
Especificó que la entrega de tales unidades recolectoras se dio como una evidente acción propagandística personalizada, ya que si hubiera sido institucional, estas acciones habrían pasado por el Cabildo.
Consideró que todo el actuar de Nava Palacios al frente del municipio se está dando no para servicio de los potosinos, sino con miras a su candidatura a la gubernatura.
Dijo que los ciudadanos están pagando los gastos de un funcionario abusivo, que ocupa la presidencia municipal como escaparate para una irregular e indebida campaña política hacia la gubernatura.
“Por desgracia, no tenemos un alcalde, sino un candidato que todos los días se hace promoción mientras la ciudad se descompone por el crimen organizado, la falta de buenos servicios municipales, y el derroche de recursos que más bien deberían ir a paliar los estragos de la pandemia que estamos enfrentando”, argumentó la legisladora local.
Comentó que incluso sus mismos aliados del denominado Frente Anticorrupcion le han criticado a Nava Palacios que tan sólo en lo que va del año haya gastado ya más de 18 millones de pesos en supuesta comunicación social, que en realidad es sólo propaganda hacia su persona.
Y agregó : “Lo mismo le han señalado respecto al 2019, cuando gastó en ese mismo rubro de comunicación alrededor de 100 millones de pesos, a costa de los capitalinos, y por supuesto sin que éstos hayan tenido ningún tipo de beneficio”.
Pará finalizar, subrayó que las acciones del alcalde son violatorias de la Constitución, en sus artículos 134 y 135, donde se prohíbe el uso de recursos públicos para promoción personalizada de los funcionarios.
