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Sobre la lucidez de la justicia mexicana

Comprometido con legitimar el espacio semanal en la más decorosa de todas las secciones de este periódico, el ensayo debe tratar también —¿primordialmente?— acerca de la expresión. Arranca pues de los tiempos que vive la impartición de justicia en México, país de atropellos sin fin, de secuestros cotidianos que amparan vejaciones interminables contra las víctimas y con frecuencia secuelas siquiátricas permanentes, de tráfico de personas sin respeto por su condición de tales, de una clase delincuente a la que se aplica sistemáticamente el estribillo de “organizada”, que de tan recurrido suena invariablemente estúpido, de tráfico de drogas y enriquecimiento sin fin, del delito, pues, como el distintivo de estos años para que no haya quien no tenga que padecerlo sobre sí o sobre los suyos. Van y vienen los juristas en su ánimo de desentrañar las razones del padecer nacional, y desde luego que citan sistemáticamente a la impunidad, para que la apabullante mayoría de los delitos ocurra sin consecuencia para quienes los cometen. Todo lo perverso, sanguinario, abusivo, cruel, hasta el refinamiento de la delincuencia mexicana goza de fuero tal que no puede, no debe haber hoy un solo mexicano absolutamente indignado por lo que vivimos.

Eso sí, mi párrafo previo da cuenta de una situación que transcurre frente a un aparato justiciero de primer mundo. Instancias, cortes, jueces, magistrados y ministros por doquier gozando de toda clase de potestades desmesuradas a partir del más absurdo supuesto: previenen, persiguen, juzgan y castigan a los delincuentes. Organismos entrópicos, endogámicos, que existen sólo para perpetuar sus privilegios, parapetados tras una burocracia invencible, son hoy día emblemáticos de la justicia que no existe. México apenas encuentra hoy cómo expresar su enorme decepción, la indefensión en que viven sus ciudadanos, para que las artes plásticas, la música, la danza, la literatura, el cine o la fotografía retraten al crimen, porque hoy no parece haber motivo más importante ni más presente.

Solos como estamos, atrapados por la justiciera paradoja, la Suprema Corte se ha pronunciado acerca de los insultos a la autoridad. ¿No hay de entre todo lo escrito asuntos que merezcan la deliberación esmerada de los ministros, más allá de si debe perseguirse penalmente a quien insulta a la autoridad? No pensé que hubiera forma de acrecentar mi desaliento. Conocer de las tareas de la Corte se me convierte en pesadumbre. ¿Ignora la justicia mexicana que se halla incurablemente enferma de demagogia? Eso nos vemos obligados a creer, al conocer que el consenso que produjo el fallo acerca de si insultamos o no a la policía, ha decidido que podemos hacerlo porque de prohibírsenos se estaría quebrantando la libertad de expresión. No importan los males de México en tanto hayamos de sufrirlos en un régimen democrático, que más allá de permitirnos insultar a la autoridad y acto seguido ampararnos, nada más nos permite, al contrario, nos estorba el acceso a la justicia. Elijo a mis gobernantes lo mismo que insulto a la policía. Ambas atribuciones emanan de mi condición ciudadana, que para nada más parece servirme. Ni siquiera burdo consuelo el fallo, mera filigrana de juristas atados de manos dándose el lujo de ocupar en semejantes intrascendencias el tiempo. Por esta vez agradezco que se me agote el espacio, y que entre tantas expresiones pendientes se me queden en la punta de la lengua los insultos que hoy día, amparado en la justicia, puedo dirigirle a nuestros organismos judiciales. Encontré cobijo en el trabajo de Francisco Toledo, que se exhibe en el MAM, y que trata de sangre, muerte e impunidad.

 

Fuente y Créditos: excelsior.com.mx
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