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Ven deficiente la investigación sobre el caso Allende


Más allá de las limitaciones para decir qué pasó en Allende, la principal deficiencia en el expediente que proporciona el gobierno de Coahuila sobre el tema es que no se dan razones para explicar la masacre.

“Las razones que arroja el expediente son similares a las que han esbozado diversos periodistas o a las que se utilizaron en los juicios contra José Treviño, en 2013, y Marciano Millán, en 2016: miembros importantes de los Zetas estaban delatando a los Treviño con las autoridades estadounidenses y, cuando los descubren, huyen con dinero de la organización necesario para continuar los esfuerzos de la guerra contra el Cártel del Golfo (CDG).

“En ese sentido, vale la pena subrayar que la investigación de las autoridades de Coahuila no abunda sobre los vínculos familiares o de amistad que tenían los Treviño con Cuéllar y Moreno”, explican los investigadores, Manuel Pérez Aguirre y Anuar Ortega Galindo, en el anexo “La tragedia en la región fronteriza de Coahuila, Allende, los Cinco Manantiales y Piedras Negras”, del informe “En el desamparo”, realizado por El Colegio de México.

Señalan que no aparecen víctimas relacionadas con Cuéllar y Moreno en el expediente de las autoridades de Coahuila. Lo mismo ocurre con los victimarios. Llanamente, sólo los Treviño aparecen tanto en la versión de las autoridades de Coahuila como en los reportajes y los juicios en Estados Unidos. Ellos fueron los autores intelectuales de los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos masivos que asolaron a varios municipios de la región fronteriza de Coahuila. Sin embargo, los perpetradores son completamente distintos.

Mario Alfonso Cuéllar era un personaje clave para la organización, una de los lugartenientes centrales en el entramado, fue nombrado jefe de plaza en Piedras Negras. Héctor Moreno Villanueva ‘El Negro’, un joven de familia prominente en la región, comenzó a trabajar con Cuéllar en 2007 o 2008 y estaba encargaba de empaquetar, contactar a los clientes y organizar la distribución mediante empresas transportistas -de hecho, su familia era propietaria de una empresa de transporte local. La figura de Luis Garza Gaytán no queda del todo clara, aunque puede decirse que era subordinado a Moreno.

Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno y Luis Garza desertaron a principios de 2011. Los tres se encuentran en la actualidad en Estados Unidos donde, al menos Cuéllar y Moreno, son testigos protegidos de la DEA. Su huida provocó una serie de desapariciones y asesinatos masivos en la región fronteriza, incluyendo, por lo menos, a Piedras Negras y los Cinco Manantiales (Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza).

En este sentido, la matanza no se limita al municipio de Allende, sino que sus alcances fueron regionales, y su duración fue mayor a sólo un fin de semana en marzo de 2011. Es decir, la masacre de Allende es un episodio muy trágico dentro de un ciclo de brutalidad en la región, pero las dimensiones temporales y espaciales son mayores que las que tradicionalmente se les adjudican. Son un episodio más dentro de una serie de eventos lamentables que asolaron regiones enteras durante períodos extensos.

El reporte señala que el expediente del gobierno de Coahuila trata de tres cosas, principalmente: del sadismo de los Zetas contra la familia Garza, del funcionamiento de la organización criminal, y de la incapacidad de las autoridades para proteger a sus ciudadanos -ya sea por captura, como pasó claramente con la policía municipal, por falta de protección, como demuestra la inacción de los bomberos, o por desconocimiento o aquiescencia, tanto de las autoridades municipales, estatales y federales.

Sin embargo, el expediente no sirve para esclarecer los hechos ni explicar sus causas, simplemente da detalles de eventos que deben ser considerados desde una perspectiva más amplia, piezas de rompecabezas que, aunque trágicas por sí mismas, no permiten dimensionar los acontecimientos. “Hay tres tipos de limitaciones muy claras en la versión oficial: el número de víctimas, el alcance geográfico y los límites temporales”.

Sin duda, el número de víctimas es el aspecto más controvertido del caso. La versión oficial afirma, en voz del procurador Homero Ramos Gloria, que las víctimas apenas llegarían a 28, 11 asesinadas y 17 desaparecidas, y 48 viviendas destruidas. Sin embargo, los investigadores indican que el mismo expediente contradice esa versión tan limitada sobre el número de víctimas.

“En realidad, la investigación de las autoridades coahuilenses sólo busca atender los casos por los que recibió denuncia, sin siquiera indagar un poco en las pistas que surgen de su expediente. Una forma de ejemplificarlo es decir que, sólo siguiendo los testimonios del expediente al que tuvimos acceso, estaríamos hablando de 35 víctimas, cifra superior a la que defienden las autoridades coahuilenses obstinadamente”, indica el texto.

Refiere que nadie se atrevía a dar una cifra de las víctimas antes de 2013. Uno de los primeros trabajos periodísticos sobre la tragedia optó por utilizar el número de casas destruidas como manera de aproximarse a las dimensiones de la tragedia en el municipio de Allende: Entre 40, según el gobernador Rubén Moreira, y 80, según un padrón levantado por los vecinos del municipio por aquellas fechas. “Sólo en el municipio de Allende, según el alcalde [Reynaldo Tapia], desaparecieron entre 30 y 40 familias”. El primero en utiliza una cifra fue Héctor Moreno durante su comparecencia contra José Treviño: “ellos [los Zetas y los Treviño, en particular] mataron 200 o 300 personas en Allende, Coahuila”.

Los juicios en Estados Unidos contra José Treviño y Marciano Millán han contribuido significativamente a arrojar luz sobre la oscuridad del caso. Adolfo Efrén Tavira, exgerente de producción de Televisa y traficante de armas y drogas para los zetas en Eagle Pass, dijo en su comparecencia en el juicio contra Millán, que “hubo mucha gente involucrada, más de 300. Esa noche, me dijeron, mataron a más de 40 personas”.

La segunda limitación, ampliamente relacionada con la primera, es el alcance geográfico de la investigación. Por ejemplo, otro testigo en el juicio contra Millán, José Luis Rodríguez ‘El Pollo’, “afirmó que Los Zetas le informaron que alrededor de 300 personas fueron asesinadas a tiros para después ser quemadas con combustible o con ácido para desaparecer sus restos […] gente de Allende, Morelos, Acuña, Piedras [Negras], las áreas cercanas”. Gran parte del problema es que las autoridades limitan el caso a un municipio, cuando su propia investigación arroja una multitud de pistas sobre acontecimientos vinculados en otros lugares. No se trató sólo de Allende y la desaparición de restos en el rancho de los Garza, sino de una matanza que involucró a Allende, Acuña, Piedras Negras, Nava y Guerrero, por lo menos.

Los lugares de desaparición o ‘cocinas’ no se limitan al rancho de los Garza, sino que debe considerarse, por lo menos, el Cereso de Piedras Negras y Guerrero. En el expediente se habla del rancho ‘Los Tres Hermanos’ en Zaragoza. Además, Efrén Tavira señala un terreno en Piedras Negras como zona de ejecución, aunque no queda claro si ahí ‘cocinaban’ los cuerpos.

La tercera limitación del expediente es temporal. Si bien los textos revisados parecen coincidir con el expediente en que los momentos más álgidos ocurrieron el fin de semana entre el 18 y el 20 de marzo, los “levantamientos” y desapariciones continuaron durante bastante tiempo. El mismo expediente menciona casos a mediados de 2012. Más aún, “el primer habitante que se atrevió a denunciar chocó contra el vacío” y, posteriormente, sufrió la misma suerte que sus familiares. Una víctima más de la tragedia fronteriza de Coahuila.

“El objetivo de la masacre de Allende tiene un efecto revictimizador, pues la explicación oculta, de alguna forma, que la mayor parte de las víctimas eran gente sin vínculos al crimen organizado: familiares o trabajadores con vidas normales. Más aún, Cuéllar y Moreno resultaron ilesos y permanecen protegidos, compareciendo contra la organización a la que pertenecían.

“Esto vuelve a plantear consideraciones sobre a relación paradójica entre la justicia de los Estados Unidos y el crimen organizado en el Noreste mexicano. El juicio de Marciano Millán y el de José Treviño sirvieron para iluminar unos hechos particularmente oscuros. Sin embargo, vale la pena preguntarse cuánta responsabilidad tuvo el sistema de testigos protegidos en Estados Unidos para provocar esos acontecimientos, en un primer momento”, concluye.

El municipio de Allende está localizado en la región norte de Coahuila. Se encuentra a 495 kilómetros de distancia de Torreón.

Fuente: elsiglodetorreon.com.mx

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