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Urge mejorar atención a víctimas y familiares: informe sobre Allende


Es urgente e indispensable que el Estado reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal, señala el informe “En el Desamparo”, que presentaron los investigadores Sergio Aguayo, Delia Sánchez, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán, del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

El coordinador, Sergio Aguayo, explicó que en marzo de 2016, El Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) firmaron un convenio para que el primero realizara una investigación independiente sobre el trato y reparaciones proporcionado por el Estado mexicano —Federación, organismos autónomos, estados y municipios— a las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, y de la desaparición de un número indeterminado de habitantes en Allende, Coahuila, en marzo de 2011. Ambas tragedias fueron ordenadas por la organización criminal de los Zetas.

“Hasta ahora, el término que mejor define la experiencia de las víctimas es el desamparo”, indica el texto. Aguayo señaló que el diagnóstico preliminar tiene avances en la comprensión del trato que las instituciones del Estado concedieron a las víctimas de las dos tragedias, partiendo de la convicción de que las víctimas, sus familiares y la sociedad tienen derecho a conocer lo que pasó y a recibir un trato digno.

La investigación señala que las tragedias de San Fernando y de Allende fueron el resultado de múltiples factores. Los principales fueron el control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila; la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas iniciada en enero del 2010; y la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y/o debilidad de otras dependencias.

Un gran obstáculo es que el entramado institucional y judicial mexicano no fue diseñado para buscar la verdad y le cuesta trabajo incorporar esta perspectiva. Además, evidencía comportamiento claramente diferenciados entre los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila, sin que hasta el momento exista una solución integral a la problemática planteada por las víctimas.

En Coahuila, ni la PGR ni la CNDH atrajeron el caso de Allende, cuyo manejo ha sido responsabilidad del gobierno estatal. La negación define el interinato del gobernador Jorge Torres López (4 de enero a 1 de diciembre de 2011). La evasión fue posible porque las víctimas y los pobladores estaban aterrorizados y porque el asunto fue ignorado inicialmente por los medios de comunicación.

Aunque el gobierno de Rubén Moreira reconoció la gravedad de los hechos y se interesó por esa tragedia, no ha logrado, hasta la fecha, una solución integral ni una atención adecuada.

El informe revela además un escaso trabajo realizado por las comisiones de derechos humanos y concluye que el sistema de atención a víctimas del Estado mexicano necesita una reestructuración a profundidad que responda con seriedad al reto planteado por la multiplicación de las víctimas.

Fuente: elsiglodetorreon.com.mx

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