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Torturas “manchan” el caso de Iguala

En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes universitarios en septiembre de 2014, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso.

En una apresurada conferencia de prensa los fiscales mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río.

Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.

En documentos obtenidos a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guión casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.

Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir.

Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los diez archivos conseguidos, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles de torturas en todos ellos.

“En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo”, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.

“En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino”, dijo el hombre a un juez en julio de acuerdo con los documentos obtenidos. “Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”.

La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basural de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.

Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.

Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.

“Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente, no hay caso”, dijo Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana de México.

La creencia generalizada de que las fuerzas de seguridad mexicanas recurren a torturas al investigar los delitos cometidos por los traficantes de drogas se reforzó con el video de un caso separado que circuló el mes pasado en las redes sociales. Mostraba a una mujer soldado y un oficial de la policía federal interrogando a una mujer joven a la que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento.

En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la policía federal o de las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cártel Guerreros Unidos.

La Procuraduría General de la República, como se conoce a la fiscalía en México, dice que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que se los entregó la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala.

Hay evidencias médicas que corroboran las denuncias de torturas.

Con información de: elsiglodetorreon.com.mx

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