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Ante la colusión del crimen entrarán todos a seguridad municipal

CIUDAD DE MÉXICO.

Los grupos parlamentarios en el Senado decidieron que los municipios coludidos con el crimen organizado, como los casos de Iguala y Cocula, sean atendidos por las tres instancias del gobierno y no sólo por la Federación, como lo había propuesto el Ejecutivo.

Luego de 16 meses de negociación, los grupos políticos consideraron que los municipios en esta condición no deben ser intervenidos por la Federación, sino atendidos de manera especial por el Estado.

Uno de los argumentos es que la seguridad pública no es una función exclusiva que corre a cargo de la Federación y consideraron que debe evitarse la dinámica de “echarse la bolita” entre los niveles de gobierno.

Parte de los acuerdos logrados la semana pasada entre los líderes parlamentarios junto con el gobierno federal, y que se prevé que esta semana se conviertan en un proyecto de dictamen, fueron adelantados en la parte referente al Mando Único por Excélsior en la columna Bitácora del director, el pasado 8 de abril.

Los coordinadores Emilio Gamboa (PRI), Fernando Herrera (PAN) y Luis Miguel Barbosa (PRD) establecieron que las acciones en materia de seguridad corresponden a los tres niveles de gobierno.

Después de 16 meses de negociación, los grupos políticos en el Senado decidieron que los municipios coludidos con el crimen, como en los casos comprobados de Iguala y Cocula, en Guerrero, no serán responsabilidad sólo de la Federación, pues consideraron que no deben ser intervenidos, sino atendidos de manera especial por los otros dos niveles de gobierno.

“Hoy la seguridad pública ya no es una función que se dice expresamente que corre a cargo de la Federación, sino que la seguridad corre a cargo del Estado, para determinar que son unas funciones del Estado mexicano. Evitar que se estén echando la bolita estados, Federación y municipios para determinar que ellos son los responsables; tiene que ser una función de Estado”, informó el coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa.

De acuerdo con los lineamientos de los acuerdos logrados la semana pasada entre los líderes parlamentarios, junto con el gobierno federal, y que esta semana se traducirán en un proyecto de dictamen que se aprobará a la brevedad —y que fueron adelantados en la parte referente al mando único por Excélsior en la columna (8 de abril) de Pascal Beltrán del Río—, la reforma constitucional también deja en claro que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno atender todos los problemas de seguridad.

Es decir, no deben pasarse la bolita de la responsabilidad en materia de protección a los ciudadanos.

Los tres pilares

Presentada el 2 de diciembre de 2014 al Senado, la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad tiene tres componentes sustanciales.

El primero, las reglas para la creación del Mando Único Policial estatal, al establecer que la seguridad pública es responsabilidad de los gobernadores.

El segundo, la redefinición de las facultades de cada nivel de gobierno en materia de seguridad, y el tercero, la facultad del Ejecutivo federal de intervenir un municipio coludido con el crimen.

La propuesta presidencial establece que “cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, el fiscal general de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al secretario de Gobernación, para que, de estimarlo procedente, en forma conjunta, soliciten la aprobación del Senado de la República para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio, en los términos que disponga la Ley Reglamentaria.

“En caso de asunción total de las funciones, la legislatura del estado correspondiente convocará a elecciones de conformidad con lo previsto en su Constitución. Si las Constituciones locales no prevén este supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria”, dice.

El pasado jueves 7 de abril, en la exposición de los acuerdos alcanzados que hicieron los senadores Enrique Burgos y Alejandro Encinas, ante los coordinadores parlamentario Emilio Gamboa (PRI), Fernando Herrera (PAN) y Luis Miguel Barbosa (PRD), quedó establecido que la responsabilidad es del Estado.

Por lo tanto, las acciones corresponden de manera conjunta a los otros dos niveles de gobierno.

Complicidad

  • En 2014 se presentó la iniciativa en materia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, después de la tragedia vivida por 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos por órdenes del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
  • El caso destapó la participación de policías de Cocula, cuyo presidente municipal, electo después de lo ocurrido, resultó parte del crimen organizado y ahora está detenido.
  •  La semana pasada, el comisionado nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, aseguró que los estados y la Federación están preparados para asumir un nuevo esquema policial en caso de que el Legislativo apruebe en los próximos días el sistema de Mando Único Policial.
  • Reiteró que van a ser 32 sólidas policías estatales en lugar de mil 800 policías frágiles.

Fuente y Créditos: excelsior.com.mx
Enlace a la nota original: Todos, contra infiltración a municipios; reforma de seguridad

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