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Riqueza del crimen, un barril sin fondo

La riqueza del crimen organizado se convirtió en un barril sin fondo. Según reportes oficiales, en una década son cada vez más las propiedades, dinero y droga incautada.

Entre 2006 y 2015 se triplicó el dinero en efectivo decomisado al crimen organizado. Los montos pasaron de 7 a 28 millones de pesos en este período. Lo mismo ocurrió con el aseguramiento de droga. En 2006 la cifra oficial fue de 6 toneladas de estupefacientes. El año pasado se incautaron más de 900 toneladas.

En una década se confiscaron casi 2 mil millones de bienes al crimen. Este listado está dividido en 14 categorías, las principales son: dinero (en pesos y dólares), drogas, armas, vehículos e inmuebles. La Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Puebla y Campeche reúnen 80% de estos aseguramientos. El punto más alto se reportó en 2007, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, 290 millones de bienes quedaron bajo el resguardo de las autoridades.

Contrario al resto de los principales registros, el decomiso de efectivo en moneda estadounidense disminuyó 34%, es decir, pasó de 24 a 16 millones de dólares asegurados.

Todo este stock termina bajo el resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), una paraestatal que administra y liquida los bienes transferidos al Estado. El SAE se encarga del dinero, propiedades, automóviles y otros objetos confiscados. Mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) es responsable de las armas y las drogas.

La ubicación de los más de 50 almacenes en los que se encuentra todo el material sólo es del conocimiento de la PGR, aseguró Alonso Carriles, director corporativo del SAE.

En otros años, las autoridades reportaron que miles de bienes se perdían en las bodegas del Estado por la poca rapidez en su administración y liquidación. Con el objetivo de agilizar este proceso, en 2014 se creó el Centro Nacional de Control de Bienes Asegurados (Cenacba). El gobierno lo anunció como un programa para que los aseguramientos se registren en un solo sistema al momento en que se lleven a cabo y así reducir los tiempos de transferencia entre una dependencia y otra, de 600 a un mínimo de 50 días.

Todos estos bienes decomisados pueden tener diferentes destinos: destrucción, cuando son apócrifos o narcóticos; resguardo, para todo lo relacionado con armamentos; extinción de dominio, aquí se inicia un juicio contra el propietario legal vinculado al ilícito; abandono, cuando nadie lo reclama; decomiso, esto se decide durante un proceso penal en el que un juez determina la incautación y se distribuye el producto.

 DE PROPIEDAD DE NARCO A ESCUELA DE POLICÍA

 La Navidad de 2008 fue distinta en la comunidad de Galindo, en el municipio San Juan del Río, Querétaro. Ese 24 de diciembre la PGR intentó capturar a Mauricio Harold Poveda Ortega, “El Conejo”, capo colombiano que trabajaba con el “Cártel de Los Beltrán Leyva”. El resultado del operativo se limitó al aseguramiento del rancho “La Muralla”, los muebles que estaban en el interior y ocho diferentes especies de animales que eran parte de su zoológico particular.

Esta propiedad se sumó a la lista de las 456 que ese año quedaron bajo el resguardo del gobierno. Aunque los derechos sobre el rancho pertenecían a la empresa Industria Agropecuaria La Muralla del Río y a la asociación civil Huerta del Molino y Hugo Olvera Villafaña, a finales de abril de 2009 la PGR decidió catalogarlo en “abandono”.

“Cuando la Procuraduría asegura un bien emite a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) un boletín para que quien tenga derecho sobre el objeto vaya y lo reclame. Si la persona no lo exige en 90 días, entonces el Ministerio Público declara el abandono del bien en favor de la Federación”, explicó Alonso Carriles.

En 2013, se le notificó al SAE transferir el inmueble a la PGR. En noviembre de 2014, el rancho “La Muralla”, con una extensión de 14 hectáreas -20 veces la cancha del Estadio Azteca-, se convirtió en un Instituto Nacional de Profesionalización y Capacitación de la PGR.

Entre 2006 y diciembre 2015, el gobierno confiscó 3 mil 177 inmuebles en todo el país. El punto más alto fue en 2009, se aseguraron 506 propiedades, según los datos publicado por el Cenacba. La capital ocupa el primer lugar, seguida de Sinaloa y Sonora. En estos tres estados se decomisaron siete de cada 10 predios. Yucatán es el único sitio en el que no se incautó ninguna propiedad relacionada con el crimen desde 2012.

 POCOS DÓLARES

 El 15 de marzo de 2007 la PGR logró la mayor incautación de dinero en efectivo de la historia. Más de 200 millones de dólares fueron hallados en la mansión del chino-mexicano Zhenli Ye Gon, ubicada en la capital del país. En las imágenes se observaban fajos de billetes que llenaban todo un cuarto de la Procuraduría. La “Operación Dragón” fue considerada como el golpe financiero más importante en contra de los negocios del narcotráfico.

Ese año se decomisaron 215 millones 254 mil dólares en todo el país, según los registros del Cenacba. El 90% provino de esta operación; el resto se confiscó en Sonora, Baja California y Tamaulipas, pero ninguno superó los 200 mil dólares. Esta cifra no se ha vuelto a registrar en los últimos 10 años en todo el país.

Entre 2006 y 2015 los aseguramientos en esta categoría disminuyeron 34%. En 2013 se registró el decomiso más pequeño: apenas 9 millones en todo el país. La Ciudad de México, Sonora y Tamaulipas fueron los principales recaudadores. En la mitad del territorio nacional no se decomisó un solo dólar ese año.

En diciembre de 2015, este apartado quedó con 16 millones de dólares, 8 millones menos de lo decomisado en 2006.

Todo el dinero que es incautado se deposita por la misma procuraduría en la Tesorería de la Federación en una cuenta a la que le da seguimiento el SAE, explicó Carriles.

En mayo de 2010, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) puso en marcha la investigación “Project Below the Beltway”, enfocada en los cárteles de Sinaloa y Juárez. Dos años después, uno de los resultados fue el decomiso de 148 millones de dólares en efectivo. Para igualar esta cifra, el gobierno de México tendría que juntar todo el dinero asegurado desde mediados de 2009 hasta 2015.

 INCAUTACIONES EN TODO EL PAÍS

En los últimos 10 años se han llevado a cabo aseguramientos en todo el territorio nacional, de acuerdo con las estadísticas del Cenacba. La mayor parte en el centro y sureste del país. La cifra más baja es de 762 mil bienes confiscados en Baja California Sur, principalmente dinero en efectivo en moneda nacional y cartuchos para armas de fuego. Este tipo de bienes por lo general son destruidos o resguardados por las autoridades.

La capital del país está en primer lugar con más de un millón de recursos decomisados. Cada año, en promedio, se incautaron más de 100 mil bienes al crimen. A pesar de estas cifras, entre 2006 y 2015 el número de incautaciones disminuyó 80%, pasó de 224 mil a 45 mil registros.

Aunque el número de homicidios en todo el país se mantuvo en 30 por cada 100 mil habitantes durante la última década, según estadísticas oficiales, la incautación de armas aumentó apenas 2 mil unidades en ese período. La Ciudad de México, Baja California, Hidalgo y Michoacán están en los primeros lugares de la lista.

Baja California es una de las 10 entidades en donde se ha decomisado más droga entre 2006 y 2015. Casi 50 toneladas. Las razones pueden variar. “Por Baja California pasa una gran cantidad de droga, pero también puede ser resultado de la alta presencia de la autoridad. Entonces, puede ser esa combinación”, explica Alejandro Hope, analista en temas de seguridad.

En la sierra destruyen el botín

A casi 2 mil metros sobre el nivel del mar, en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, entre caminos de lodo se desplazan vehículos del Ejército mexicano con 30 elementos fuertemente armados. Se internan hasta la zona que se disputan siete de los cárteles más fuertes del país, todo por el llamado oro rojo: la amapola.

El único objetivo de este batallón es destruir todo plantío que se encuentre en la zona. Arrancarle a “Guerreros Unidos”, “Los Rojos”, “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios”, “Los Ardillos”, “Los Tequileros”, y ahora al “Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)” la razón de sus enfrentamientos y de las muertes ocurridas en esa zona, según información de inteligencia militar.

El Universal realizó un recorrido por el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, y siguió de cerca uno de los operativos de la Sedena para la erradicación de esa planta.

Desde la Comandancia del 34 Batallón de Infantería, en Ciudad Altamirano, se preparan los pelotones. Llevan vehículos artillados en caso de cualquier amenaza del crimen.

Nos encontramos a 110 kilómetros del punto en el que fue detectado -vía aérea- un plantío de oro rojo en barrancas para dificultar su acceso; es con dirección al suroeste.

“¡Posición tirador de pie! ¡Desinsertar el cargador! ¡Cargar ya! ¡Quitar seguro, apuntar, accionar el disparador…!”, son las órdenes del teniente de infantería Leandro Vargas Plata, comandante de la sección de fusileros y encargado del pase de revista del armamento en el Batallón de Infantería.

Continúan las instrucciones, porque un movimiento en falso ante una situación de amenaza les cuesta la vida; cualquiera de ellos podría ser el caído número 469 desde que inició la guerra contra el narcotráfico.

Al arribar, bajan de los vehículos y realizan una marcha a pie de un kilómetro y medio. La vanguardia, el primer pelotón; el segundo pelotón al grueso, junto con servicios técnicos, y el tercer pelotón, a la retaguardia.

Al llegar a los plantíos la vanguardia hace reconocimiento, el grueso toma sus machetes y destruye los plantíos, y el tercero incinera lo acumulado.

“Aplicaremos el manual del uso de la fuerza, haremos uso de nuestras armas si somos objetos de alguna agresión por grupos de la delincuencia organizada”, indica el teniente Vargas. Entre 2012 y 2015 el Ejército destruyó 28 mil hectáreas en Guerrero, 16 mil en Chihuahua, y 10 mil en Durango.

Fuente: elsiglodetorreon.com.mx

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