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PRD se reserva ante el veto del presidente

Durante la discusión por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la senadora perredista Dolores Padierna presentó una reserva por parte de la bancada del PRD para modificar el veto del Ejecutivo al artículo 32. Dijo que en los últimos años se ha recrudecido la corrupción y los casos en los que empresarios y funcionarios se alían para obtener beneficios indebidos.

Padierna mencionó que el gobierno federal hizo una interpretación equivocada de la ley, además de que el Ejecutivo no tiene facultades de interpretación de leyes.

“Nosotros no estamos de acuerdo en dejar fuera a los grandes oligarcas de la articulación de un Sistema Nacional Anticurrupción, que cruce información y que pueda darle seguimiento a las grandes ganancias de los empresarios. Hacerlo así es perpetuar las esferas de la corrupción”, señaló.

Exigió que el gobierno federal escuche y abra el diálogo con los maestros, al igual que con los empresarios.

No obstante, esta reserva no fue tomada en cuenta para su discusión y se aprobó con las propuestas de Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que el veto presidencial puso en evidencia la premura con las que se desahogan las leyes en el legislativo.

Sin embargo, dijo, en el veto presidencial prevalece el referendo al artículo 29, referente a la máxima publicidad.

En su turno, Manuel Cárdenas, senador independiente, resaltó que la presentación de la “Ley 3 de 3” de los particulares, no viola la privacidad ni los derechos humanos de los ciudadanos.

Más modificaciones

Previo a la sesión extraordinaria, las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y de Estudios Legislativos Segunda aceptaron las modificaciones realizadas por el presidente Enrique Peña Nieto.

Padierna reclamó al presidente aceptar la petición de los empresarios para revisar la “Ley 3 de 3” y no escuchar al magisterio nacional para hacer observaciones a la Reforma Educativa. “Se les ha dicho que la ley no se negocia, pero a los empresarios se les dice que la ley sí se negocia”.

Pablo Escudero, del Partido Verde y presidente del Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, reconoció que la ley tenía una mala redacción, pero aclaró que los instrumentos que contenía el paquete de estas siete leyes abarcaba las disposiciones correspondientes para la iniciativa privada.

La senadora Martha Tagle dijo, sin embargo, que el presidente perdió una oportunidad histórica al no haber vetado también el artículo 29 de esta legislación, que limita la obligación de los funcionarios de hacer públicas, obligatorias y completas sus declaraciones.

Con información de: elsiglodetorreon.com.mx

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