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PRD se deslinda del edil narco de Cocula

CIUDAD DE MEXICO.- Aunque esperarán a que transcurra el plazo constitucional de 72 horas para definir si Éric Ulises Ramírez Crespo, alcalde de Cocula, Guerrero, enfrenta o no un proceso penal —fue detenido el jueves con armas y droga junto con el presunto líder de un grupo criminal—, la dirigencia nacional del PRD se lavó las manos, al advertir que el partido “no puede sentenciar ni absolver a nadie” y tampoco meterá “las manos al fuego” por ninguna persona, ya que “cualquiera puede ser tentado o amenazado” por la delincuencia organizada.

Al fijar su postura sobre la captura de quien lleva un mes como presidente municipal, Carlos Navarrete, dirigente del PRD, dijo que cuando Ramírez fue postulado ni la PGR ni el PRD contaron con datos que lo vincularan con el crimen organizado o que impidieran su postulación.

“No había antecedentes, no había indicios, no había información, no había expedientes abiertos, no había señalamiento de ninguna naturaleza; lo que pasó después de que tomó posesión es otra historia”, respondió a reporteros.

Cuando venza el plazo decidirán si lo expulsan del PRD, si Ramírez tiene nexos con el narcotráfico o, en su caso, si fue amenazado por miembros de Guerreros Unidos.

El exsenador Carlos Sotelo, líder de la corriente en la que militaba Éric Ulises, dijo que en las últimas horas tuvo comunicación con el padre del alcalde, quien le refirió que su hijo recibió amenazas en su celular en los últimos días por bandas del crimen organizado.

Navarrete dijo desconocer si efectivamente hubo dichas amenazas, pues no le fue comunicada ninguna situación de esa naturaleza, como marca el Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política, el cual le aplicarían al alcalde de Cocula para ser expulsado.

El líder del PRD destacó que el 17 de octubre pasado, en Acapulco, les explicó a los alcaldes perredistas cuáles son los lineamientos que deben seguir como autoridad.

Entre ello, que si alguno sufre amenazas o chantajes de la delincuencia, su obligación inmediata es hacerlo saber a la autoridad y a ellos. De lo contrario, tendrá que asumir las consecuencias políticas y legales.

“Si algún funcionario, por un error de cálculo o por una decisión equivocada, acepta reunirse con  alguien, deberá asumir las consecuencias”.

Se indagó con lupa

Carlos Sotelo precisó que Ramírez Crespo era militante del PRD desde hace varios años y que tanto la Comisión de Candidaturas como el Consejo Estatal de Guerrero revisaron “con lupa” una a una las candidaturas en el pasado proceso electoral del 7 de junio.

Lo anterior, para impedir que el crimen organizado penetre las filas del partido.

Precisó que “el doctor Éric no era un desconocido”, pues en 2012 fue candidato a la misma alcaldía. “Es un hombre que vive con una economía profundamente modesta, eso lo puede comprobar quien quiera . La campaña que hicimos en Cocula fue con absolutas carencias, no había dinero ni recursos”.

Debe ser procesado

Del caso, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, advirtió que todo aquel funcionario que cometa algún delito debe ser procesado. “No es un asunto agradable ni para el estado ni para mí, pero si hay flagrancia (…) creo que debe ser procesado”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia.

En el mismo espacio, Beatriz Mojica, excandidata del PRD, indicó que alguien no hizo bien su trabajo “habiendo hecho el PRD los protocolos necesarios”.

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