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PGR gastó $22.4 millones de pesos en el caso Iguala


CIUDAD DE MÉXICO.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha erogado al menos 22.4 millones de pesos a las investigaciones para esclarecer la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Desde el 4 de octubre de 2014, cuando asumió el caso, la dependencia ha destinado 18.8 millones de pesos a sueldos de personal que labora en las indagatorias.

De acuerdo con una respuesta de la PGR a una solicitud de información, pagó 3.2 millones de pesos para elementos especializados de la SEIDO y 16 mil 830 euros, equivalentes en su momento a 308 mil 236.40 pesos, a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para la identificación de restos óseos hallados en Cocula.

Hoy, al cumplirse dos años de los hechos ocurridos en Iguala, se prevén manifestaciones en la Ciudad de México, Guerrero y Chiapas.

Investigación  cuesta $22.4 millones a la PGR

La mayor parte de esa cifra, 18.8 mdp, ha sido para sueldos de quienes colaboran en las indagatorias.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha gastado un total de 22 millones 415 mil 929 de pesos en el caso Iguala, desde que el 4 de octubre de 2014 atrajo las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida hace dos años, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Esa cantidad incluye los estudios realizados por la Universidad de Innsbruck para identificar los restos óseos localizados en el bausero de Cocula y en el Río San Juan, en el estado de Guerrero.

De este total, tres millones 212 mil 840 pesos corresponden al concepto de viáticos (hospedaje, alimentación y traslado) de personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de secuestro y de la Coordinación General de Servicios de Apoyo, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), para “realizar diligencias ministeriales realizadas en la investigación del caso Iguala”, se señala en la respuesta a una solicitud de acceso a la información sobre los gastos erogados por la PGR desde que atrajo el caso.

En la misma respuesta, la PGR detalla el pago de 16 mil 830 euros, equivalentes en su momento a 308 mil 236.40 pesos, como parte del pago a la Universidad de Innsbruck para el análisis e identificación de muestras a fin de identificar el ADN de los normalistas desaparecidos.

Igualmente, la dependencia federal señaló que por instrucciones de la procuradora Arely Gómez, la averiguación previa del asunto se remitió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), en noviembre de 2015, “a efecto de continuar con la prosecusión y perfeccionamiento de los hechos”.

“En ese sentido, la SDHPDSC, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos de la información solicitada, remitió la erogación de sueldos de los elementos de esta institución que colaboran en las investigaciones de los hechos de su interés, hasta el mes de julio del presente año (2016), 18 millones 894 mil 853 pesos”.

Cabe destacar que se acota que el monto es aproximado y se refiere al salario bruto mensual del personal de plaza presupuestal, así como a prestadores de servicios profesionales por honorarios, asignados a las investigaciones relacionadas con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el periodo comprendido entre noviembre de 2015 y  julio de 2016.

Adicionalmente, la SDHPDSC da cuenta de haber ejercido recursos bajo el esquema de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que no pueden darse a conocer por ser información reservada por cinco años.

Sin embargo, el gobierno de la República también destinó dos millones de dólares para solventar las indagatorias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estuvo en el país por dos periodos de seis meses.

Canalizó esa cantidad a través de la Organización de los Estados Americanos, además de que financiará una nueva etapa de trabajos de investigación de la CIDH, mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento a las Recomendaciones del GIEI.

En julio pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, confirmó que los gastos de las visitas a México serán para al menos dos personas, en visitas bimestrales con duración de cinco días.

“No estamos hablando de un mecanismo costoso, estamos hablando de la atención de algunos gastos que resultan indispensables, pero no se está planteando un mecanismo costoso”, mencionó.

Desconfianza causó fallas en las fichas

Familiares de los normalistas dijeron desconocer detalles, como de lunares y cicatrices.

Fue después de 15 meses de  los hechos de Iguala que se logró integrar a la averiguación previa las fichas de identidad de los estudiantes, las cuales forman parte de los protocolos internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas o ausentes y que no existían por la renuencia de los padres de los normalistas a entrevistarse con el Ministerio Público de la Federación.

A dos años de la desaparición de los 43 normalistas, esa información se integró de manera parcial, ya que los datos contenidos en las fichas no incluyen detalles relevantes sobre las características físicas de los mismos.

Es decir, los familiares no aportaron detalles relevantes de los alumnos, según consta en la versión pública difundida por la PGR.

En abril pasado, Excélsior dio a conocer que la PGR no contaba con las fichas de identificación de los 43 normalistas, lo que va en contra de los estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas o ausentes; el motivo fue que el Ministerio Público de la Federación no se habían entrevistado con los padres de los estudiantes para elaborar las fichas, según revelaron fuentes federales.

La desconfianza de los padres hacia las autoridades y la influencia de los expertos independientes y sus asesores legales influyó para que ese requisito no se cumpliera en los expedientes, aunque es indispensable para localizar a una víctima.

Tras una revisión del expediente se constató que en el tomo 180 de las fojas 473 a la 750 se integraron a la averiguación previa las Fichas de Identidad de los estudiantes, elaboradas por la Policía Federal, solicitadas por la PGR a través de un oficio

Mientras que en el Tomo 159 se pueden observar las Fichas de Identidad, elaboradas por la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y de la Subdirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas.

En ambas se aprecian inconsistencias en la elaboración de los cuestionarios, en los que se entrevista a familiares de los estudiantes desaparecidos, ya que dicen desconocer características físicas para la identificación de su ser querido, como cicatrices, lunares, detalles dentales o vestimenta, entre otras.

Este tipo de documentos incluyen las características generales de la persona, sus particularidades, es decir, se busca establecer cualquier aspecto que pudiera ser relevante en el aspecto físico de la persona, como cicatrices.

Protocolo

La PGR tiene un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Investigación Forzada, donde se establecen los pasos a seguir de acuerdo al tiempo que la víctima se encuentra ausente, entre las que se prevé la entrevista del Ministerio Público con los familiares y la elaboración de un cuestionario.

Durante la segunda fase del reporte de una desaparición, es decir 24 horas, entra en marcha una segunda fase, que va de las 24 a las 72 horas, en la cual se da la entrevista con el Ministerio Público con los familiares, el apoyo a víctimas y la elaboración del cuestionario Ante Mortem.

“El presente cuestionario fue previsto como una herramienta para recabar datos de personas desaparecidas y asistir en su localización e identificación. Cada componente del cuestionario es importante en el proceso de identificación, es fundamental que todas las secciones sean completadas lo más extensamente posible.

“La información consignada sobre personas desaparecidas (DPD), será comparada con los datos postmortem (DPM) que sean recabados por los expertos forenses durante el examen de los restos humanos y por corroboración de antecedentes de investigación sobre la persona desaparecida”, detalla el protocolo.

El cuestionario tiene preguntas que abarcan desde el árbol genealógico de la víctima hasta su historial dental, entre otras cosas, a fin de recabar la mayoría de los datos que sirvan para identificar los hábitos de la víctima.

Además, se indica que el protocolo incluye ejemplos de los oficios y las diligencias que se deben seguir para la localización, ya se en vida o muerta, de una persona.

El protocolo toma en cuenta estándares internacionales y nacionales a fin de garantizar, en cualquiera de los casos, que la persona ausente pueda ser identificada plenamente.

Fuente: excelsior.com.mx

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