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PGR cuida a único testigo de caso Gordillo

CIUDAD DE MEXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) teme por la vida de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, única testigo colaboradora que le queda en el juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Elba Esther Gordillo.

El 13 de abril, unos días después de que falleciera por diversos problemas de salud el testigo protegido Erick Salvador Rodríguez García, la PGR pidió por escrito a un juez federal ordenar medidas para “preservar la vida” y la integridad física de Ugarte, internada en el Penal Federal de El Rincón, en Nayarit.

Como en su opinión no se tomaron esas medidas, el 18 de mayo el fiscal de la SEIDO Juan Áyax Fuentes Mendoza envió un oficio “extraurgente” a Juan Domingo Ignacio Hernández Mora, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob, para hacerle la misma petición.

“Solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que (se dicten) las medidas mínimas necesarias de protección, asistencia y seguridad para garantizar la preservación de la vida e integridad física de la testigo procesal Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, separándola de la población general de dicho Centro Federal.

“Además de que se le asigne una área especial y se garantice su seguridad en las diligencias en las que intervenga”, pidió el funcionario.

De acuerdo con informes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRAS), el 19 y 20 de mayo Celina Oseguera Parra, coordinadora general de centros federales, ordenó a sus subordinados proteger a Ugarte.

Oseguera dio un plazo de tres horas -contadas a partir de recibir la instrucción por escrito- a Guillermo Montoya de la Torre, director de El Rincón, y a Natasha María Bidault Mniszek, directora del centro femenil del mismo penal, para informarle del cumplimiento de las medidas.

La exigencia de la PGR para proteger a Ugarte ocurrió después de que el 28 de marzo falleciera su otro testigo colaborador contra Gordillo.

La dependencia pidió al juez Alejandro Caballero Vértiz ordenar las medidas de seguridad y el 13 de abril el juzgador acordó la petición favorablemente.

Un mes más tarde la SEIDO reclamó al OADPRAS que Bidault no atendió el ordenamiento.

Después de ese reclamo las autoridades penitenciarias aceleraron los procedimientos para asignarle un área especial a Ugarte y aumentaron las medidas de seguridad a su alrededor.

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