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Pavlovich promete justicia en caso de venta de bebés

CIUDAD DE MEXICO.- La nueva gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, solicitará apoyo de instancias internacionales para atender el caso de tráfico de bebés por parte de funcionarios de la administración del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías.

En entrevista exclusiva para Excélsior, a pocas horas de rendir protesta como la única mandataria estatal de sexo femenino a nivel nacional, Pavlovich prometió que hará justicia y buscará con todo el aparato gubernamental a los dos exfuncionarios del Sistema DIF del estado, ahora prófugos, que aprovecharon su cargo para arrancar a niños de los brazos de sus familias biológicas y ofrecerlos después a parejas que accedieron a pagar hasta 150 mil pesos por adoptarlos.

“Me duele como madre, me ofende la injusticia que han hecho pasar a los más vulnerables de todos nosotros: los niños. Lo sucedido tendrá una solución apegada a la justicia, al derecho, pero, sobre todo, salvaguardando lo más preciado de estos niños: su integridad, pensando siempre en su futuro. No tengan la menor duda de que se va a actuar para detener a los culpables de ese crimen sin nombre, con la mano firme de la justicia y la caricia suave a la inocencia de los niños”, indicó.

La gobernadora entrante se comprometió a que durante los primeros días de su sexenio realizará un análisis exhaustivo de los avances del caso y las diligencias realizadas por la fiscalía a cargo del exprocurador de Justicia, Carlos Navarro, quien dejó en libertad a los dos principales sospechosos por su cercanía con el exmandatario Padrés.

“Hay un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados aprobado por unanimidad para que la PGR atraiga el caso; platiqué con mi procurador (Rodolfo Montes de Oca) para realizar un análisis exhaustivo en diez días hábiles. Soy abogada y por responsabilidad tengo que conocer exactamente cada una de las actuaciones que se hayan derivado de la averiguación previa, para saber el estado que guarda el expediente judicial”, agregó.

Fue durante el pasado sexenio cuando el exdirector de la línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Vladimir Arzate, en complicidad con José Manuel Hernández, exasesor Jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora, vendieron a al menos a diez bebés quitándoselos a sus familias biológicas.

A pesar de que al menos uno de ellos fue descubierto en flagrancia delictiva, que confesaron el crimen y que fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos, el exprocurador de Justicia designado por Guillermo Padrés los dejó en libertad, escudándose con la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

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