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Organizaciones de la sociedad civil interponen amparo contra ‘moches’

CIUDAD DE MÉXICO.-

Organizaciones de la sociedad civil y académicos interpusieron un juicio de amparo contra la Cámara de Diputados, por presunto uso de dinero público para fines privados con la creación de ocho nuevos fondos, proyectos y programas que no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros.

En noviembre de 2015, los diputados federales excedieron su facultad constitucional para “modificar” el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), al crear los nuevos fondos dentro del Ramo 23, lo que propició un recorte en el presupuesto de programas enfocados a derechos humanos, educación, ambiente y salud.

La Constitución establece que la facultad de iniciativa para elaborar y definir el contenido del proyecto del PEF sólo recae en el Ejecutivo Federal. El Ramo 23 es uno de los más opacos dentro del Presupuesto, porque no hay rendición de cuentas de estos recursos, informó Edna Jaime, directora de México Evalúa.

La propuesta del Ejecutivo consideró un monto de 102.9 millones de pesos para el Ramo 23 en 2015, los diputados aprobaron un monto final de 141.6 mdp para el mismo ramo, explicó Jaime.

Dijo que este ramo, tiene importantes adecuaciones durante su ejercicio, por ejemplo, en uno de sus programas en 2013, tenía asignado 3 mil millones de pesos y terminó gastando 33 mmdp

Algunos de estos fondos van dierccionados a entidades federativas, hay uno específico para el Estado de México y otro para administración contable. “No es la vía idónea crear fondos a través del Ramo 23, la vía adecuada para estos fondos era la Ley Federal de Coordinación Fiscal, porque en esa ley se pueden circular recursos federales a entidades federativas, vía aportaciones federales”, aclaró Gabriela Ríos Granados, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En el amparo cuestionamos si está dentro de las facultades de la Cámara de Diputados crear estos nuevos fondos, dijo Ríos Granados.

“Lo que no iba a suceder, ya sucedió otra vez. Había un compromiso al principio de esta legislatura de no volver a asignar a los diputados este fondo de 10 mdp para este fondo, y la asignación permanece en el presupuesto”, señaló Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La esencia de lo que impugnamos, dijo Pardinas, radica en la capacidad del Congreso para crear programas de gasto. Los diputados tienen la facultad de modificar pero crear estos programas genera dudas, porque el Poder Legislativo no tiene en ningún país del mundo la vocación del ejercicio de gasto, su trabajo es funcionar como un contrapeso del Poder Ejecutivo y revisar la redacción y aprobar leyes.

“Esto es como asignarle una especie de Sedesol al Poder Legislativo de la Cámara de Diputados, qué, con pocos criterios de uso de estos recursos y alta discrecionalidad da mucho margen para que acaben en beneficio privado y no público”, mencionó.

El juicio de amparo fue interpuesto por las organizaciones civiles en febrero de este año, ante ello, la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso un recurso de queja contra su admisión por considerar que era improcedente, porque no se había demostrado el interés legitimo, explicó Gabriela Ríos Granados.

Sin embargo, el recurso de queja fue declarado sin fundamento por el Tribunal Colegiado Décimo Sexto de Circuito en Materia Administrativa el pasado 4 de mayo, retrasando dos meses el juicio de amparo.

Ríos Granados dijo que el Juzgado de Distrito, fijó como nueva fecha para la audiencia constitucional el 7 de julio del presente año. El cual, si no se lleva a cabo en la fecha establecida podría perder su validez, ya sea porque se agoten los recursos públicos destinados a los fondos en cuestión, o porque el PEF 2016 haya perdido vigencia.

Lo que se busca es que el Poder Judicial tome una decisión de corrección. Además la posibilidad de crear precedentes, para el presupuesto de 2017, porque ante una acción de inconstitucionalidad, el Poder Legislativo va a considerar su actuación y entonces habrá mayores posibilidades de ejercer un presupuesto de gasto público más responsable, dijo José Roldán Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Una vez que se resuelva la cuestión de fondo, dijo Ríos Granados, y el juez señale si en efecto las organizaciones civiles tienen interés legitimo o no, se esperaría la resolución del amparo. “En caso de que nos negaran el amparo, interpondríamos recurso de revisión y solicitaríamos la facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

¿Qué es el Ramo 23?

El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para:

⇒ 1) El cumplimiento del balance presupuestario.

⇒ 2) El control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo la Modificaciones en ingresos.

⇒ 3) La operación de mecanismos de control y cierre presupuestario.

⇒ 4) Otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios.

Con información de: elsiglodetorreon.com.mx

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