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Los 5 “fails” de la PGR de Peña Nieto

CIUDAD DE MEXICO.- Al arrancar el sexenio el entonces procurador Jesús Murillo Karam anunció que la PGR se encontraba inmersa en un desorden general y casi desmantelada, con fiscalías aisladas o duplicadas que no se comunicaban, y que terminaban por entorpecer el trabajo de investigación y la calidad de las averiguaciones.

Para remediar lo anterior se anunció un proceso de reestructuración de fondo de la dependencia con la creación de algunas áreas nuevas, la desaparición de otras y el reclutamiento de nuevos funcionarios.

Pero llegada la mitad de esta administración, la actual Procuraduría ya enfrenta dificultades para sostener varias de las investigaciones anunciadas en su momento como grandes éxitos o golpes de alto impacto. Algunos casos incluso ya se cayeron en los tribunales.

Un común denominador en varias de estas investigaciones fue el uso del arraigo para intentar armar o reforzar una acusación, tal como se hacía en el sexenio pasado. Datos oficiales indican que de enero del 2013 a noviembre del 2014 la PGR sometió a 896 personas a esta medida privativa de la libertad.

Pero al menos en los casos de mayor impacto, el haber arraigado a los detenidos no ha dejado resultados positivos para la Procuraduría durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Cabe recordar que en las primeras semanas al frente de la PGR Murillo Karam dijo que el uso del arraigo había generado un “efecto perverso” en el sexenio del presidente Felipe Calderón y prometió que este recurso se iría desechando. Meses más tarde se retractó y señaló que era útil para consolidar casos complejos

A continuación Animal Político menciona cinco ejemplos de estas investigaciones que han sufrido complicaciones o de plano ya naufragaron.

  • El atentado contra los Monreal

El 4 de abril del 2013 la PGR anunció que había frustrado un atentado en contra del diputado federal Ricardo Monreal Ávila y su hermano, el senador David Monreal Ávila, gracias a datos de inteligencia recabados en colaboración con el CISEN. El presunto ataque iba a ocurrir en la Ciudad de México.

Las investigaciones apuntaron al empresario zacatecano Arturo Cardona como presunto autor intelectual y a Juan Carlos Esqueda Hernández y a José Luis Vásquez Delgado, quienes supuestamente confesaron haber sido contratados para asesinar a los legisladores. Los detenidos fueron arraigados casi 40 días y luego consignados.

Pero en mayo pasado la juez federal Nadia Villanueva absolvió a todos los involucrados de los delitos de tentativa de homicidio y delincuencia organizada que se les imputaba al considerar que no había evidencia suficiente.

La juez además ordenó a la PGR investigar la presunta tortura y maltrato que sufrieron Esqueda Hernández y Vásquez Delgado para que confesaran su culpabilidad.

  • El “lavado” de Granier

Este sexenio se creó la Unidad de Análisis Financiero de la PGR y a la misma se le atribuyó la investigación que llevó al ex gobernador de Tabasco Andrés Granier a prisión en el 2013.

El 14 de junio de aquel año la Procuraduría pidió a un juez una orden de arraigo en contra del ex mandatario estatal para ser investigado por delitos federales y locales. Semanas después el Ministerio Público federal procedió en contra de Granier por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y defraudación fiscal.

Pero en los meses siguientes los abogados del ex gobernador obtuvieron varios amparos que fueron apelados por la Procuraduría, hasta que finalmente en mayo pasado un tribunal federal lo absolvió de forma definitiva del supuesto lavado de 35 millones de pesos que se le imputaba.

Granier sigue preso hasta ahora por el caso de defraudación fiscal el cual también ha isdo impugnado por su defensa. Además, sus abogados también buscan que sea liberado debido a su delicado estado de salud. El ex gobernador está recluido en la Torre Médica del penal de Tepepan en la capital del país.

  • El arraigo de El Cuini

Abigael González Valencia alias El Cuini es identificado por los Estados Unidos como el principal aliado de Nemesio Oseguera alias “El Mencho” líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de la actualidad. Pero en México la PGR no ha podido imputarle un solo cargo.

El Cuini fue detenido a finales de febrero por elementos de la Marina durante un despliegue especial en Puerto Vallarta. En el comunicado 018/15 la Armada dijo que la Subprocuraduría Especializada en  Investigación de Delincuencia Organizada había emitido una orden de localización y presentación en contra de este sujeto por actividades de tráfico de drogas y armas.

Pero en los siguientes dos meses no se supo públicamente nada del destino de González Valencia hasta que en mayo, pasados dos meses, la PGR reconoció que lo había mantenido arraigado y que finalmente fue recluido en el penal federal del Altiplano.

Lo sorpresivo fue que la PGR no pudo fincarle acusación alguna a González pese a las semanas que lo tuvo arraigado. Como la misma procuradora Arely Gómez lo reconoció, se le encarceló solo por la orden de extradición derivada de los cargos que estados Unidos había imputado desde antes de su captura.

Además, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo otorgó una suspensión definitiva en favor de González lo que frenó, por lo menos de momento, su extradición.

  • La “no” desaparición forzada en Iguala

La PGR sostiene que los 43 normalistas dela Normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos por órdenes del ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca. La operación contó con el apoyo de elementos de la policía de ese municipio así como de Cocula.

Pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido consignado por el delito de desaparición forzada.

Murillo karam, quien a la postre renunciaría tras las críticas que originó este caso, prometió que se realizaría esa consignación. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han urgido para que se inicie este proceso que implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el caso.

La PGR ha intentado por lo menos en dos ocasiones obtener las órdenes de aprehensión correspondientes por desaparición forzada pero los jueces no las han concedido por falta de evidencia que las sustenten. Hasta el día de hoy, los implicados se encuentran presos solo por el delito de secuestro.

El delito de desaparición, como está actualmente contemplado en el Código Penal Federal, solo aplica para funcionarios que ilegalmente intervengan en la detención de una persona.

Por lo menos una decena de los ex policías municipales presos por este caso, y a los que podría imputárseles el delito de desaparición, fueron arraigados en su momento por la PGR.

  • La puerta giratoria de Oseguera

La PGR libra desde el 2014 una batalla por retener en prisión a Rubén Oseguera, hijo del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En los últimos 18 meses ha tenido que detenerlo en cuatro ocasiones luego de que los jueces han terminado por soltarlo al considerar que las pruebas en su contra son insuficientes o que se violaron sus derechos.

En enero del 2014 la Procuraduría detuvo por primera vez a Rubén, conocido con el alias de “El Menchito” pero un juez federal en Toluca ordenó su libertad por falta de evidencia. Luego en octubre de ese mismo año fue capturado nuevamente, arraigado y consignado al penal de Puente Grande, pero tres meses después fue liberado por segunda ocasión,

El 23 de junio agentes policiales detuvieron por tercera vez a Oseguera en Jalisco, lo trasladaron a la SEIDO en la Ciudad de México y se le consignó por tres delitos federales pero la juez federal Nadia Villanueva (la misma del caso Monreal) decretó el auto de libertad, tras considerar que se cometieron atropellos en su detención como la falta de un defensor de oficio o el ingreso a su domicilio sin orden judicial.

La anterior situación ocasionó que la PGR expidiera de urgencia una orden de localización para detener por cuarta vez a Rubén Oseguera, esta vez por la supuesta desaparición de dos personas en Michoacán, delito por el cual no podría ser consignado ya que solo es aplicable a servidores públicos.

La Procuraduría además apeló el auto de libertad decretado en favor de “El Menchito” tras considerar que no incurrió en las violaciones señaladas por la juez Villanueva.

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