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Legisladores dejan “pendientes” hasta febrero

CIUDAD DE MEXICO.- El Congreso de la Unión terminó su periodo ordinario de sesiones y, con ello, se puso pausa a varios asuntos que eran considerados prioridades.

Temas como la legislación contra la desaparición forzada, contra la tortura o contra la trata de personas, tendrán que esperar hasta febrero del siguiente año para emprender su camino legislativo.

Otros asuntos también relevantes quedaron pendientes en alguna de las dos cámaras, y no completaron su aprobación final.

El nuevo periodo ordinario comenzará hasta el 1 de febrero próximo y concluirá el 30 de abril.

Aunque ocurrirá antes de las elecciones, podría ser uno de los dos periodos ordinarios más politizados de la 63 Legislatura.

Con la elección en puerta de 12 nuevos gobernadores, en el Congreso de la Unión se definirán apoyos, se negociarán avances legislativos y se elegirá a algunos candidatos que hoy son congresistas.

De ahí que la oposición tuviera prisa en sacar adelante las reformas que fueron aprobadas entre septiembre y octubre, para evitar que se tuviera un mayor juego político de negociación.

El ejemplo más claro es la reforma política del Distrito Federal, que tardó un año en ser aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión, aunque en el Senado ya se le había dado primera lectura, el trámite de entrada a la votación del Pleno.

La lista de actividades que deberán arrancar en febrero próximo es larga pero, aunque en el periodo de receso las comisiones legislativas pueden reunirse para avanzar en los trabajos de dictaminación, esto casi nunca ocurre.

Casi todo el tiempo, los parlamentarios toman los periodos de receso como si fueran vacaciones.

LO APROBADO, CON SUS BEMOLES

Aunque a la 63 Legislatura no le tocó aprobar tantas reformas estructurales como a la anterior –donde se aprobaron la reforma energética, la de telecomunicaciones, la educativa y otras–, también hubo algunas aprobaciones importantes.

La principal es la reforma política del Distrito Federal, tema que durante años se utilizó políticamente para presionar a la izquierda a que aprobara temas de interés para el partido en el Gobierno. Aunque en los 12 años en que el PAN estuvo en la Presidencia de la República el tema sólo se trató en foros ciudadanos y en el ambiente político se encontraba congelado, con la llegada del PRI al poder y la firma del Pacto por México, el asunto se destrabó.

Ahora, sólo faltará la aprobación de la mitad más uno de los congresos estatales, para que la Ciudad de México se convierta en el estado número 32.

El tema más polémico de la reforma política es la conformación de la Asamblea Constituyente, que estará encargada de redactar la Constitución de la Ciudad, y en la que –han denunciado los congresistas de izquierda– el PRI podría llevar mayoría, a pesar de ser la fuerza menos representada en la capital.

Esto dejará fuera a las organizaciones civiles y ciudadanos destacados que pudieran participar en la redacción de la Carta Magna.

“Eso pone en riesgo muchas cosas. Pone en riesgo la política social de la capital, que es la única que quiere constituir un estado de bienestar que garantice a todos, a los pobres, el mínimo para vivir. Pone en riesgo la interrupción ilegal del embarazo; pone en riesgo también el matrimonio igualitario; pone en riesgo todo lo que hemos construido en esta ciudad porque, saben qué, no somos nosotros los que vamos a decidir”, afirmó Vidal Llerenas, diputado federal por Morena.

“Detrás del Constituyente se oculta un pacto político (…) ven a la ciudad como una oportunidad de presentar esta reforma como un logro político muy importante, pero que tiene temas preocupantes (…) le cierran la puerta a la ciudadanía, se le da el control a los partidos”, comentó Mario Delgado, senador del PRD y presidente de la Comisión del Distrito Federal.

Otra de las reformas importantes aprobadas en este periodo ordinario es la desindexación del salario mínimo, con lo que éste dejó de ser el referente de medición para otros asuntos económicos.

La intención de los legisladores –al menos de la izquierda– era que al separar el salario mínimo de otros indicadores, la percepción de los trabajadores pudiera tener un aumento considerable.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos definió un aumento de apenas 2.94 pesos; el mínimo será de 73.04 por día.

Esto ha despertado la indignación de los políticos de izquierda, quienes han pedido explicaciones sobre el motivo por el que el aumento fue tan raquítico.

LAS REFORMAS CONTROVERSIALES

Otro de los cambios más significativos hechos en este periodo de sesiones fue la creación de la Secretaría de Cultura, que tomará el lugar del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y conjuntará todas las actividades de los institutos del ramo.

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos también fue aprobada en este periodo de sesiones, con lo que se aumentan las penas para quien robe combustibles o ataque instalaciones petroleras. Esta legislación fue aprobada en respuesta a un creciente problema por el robo de hidrocarburos.

Las pérdidas económicas por sustracción de combustibles ascienden a más de 40 mil millones de pesos al año.

Entre enero y octubre de este año se han registrado 5 mil 561 denuncias por robo de combustibles.

Las penas van hasta 25 años de prisión para quien sustraiga el combustible de los ductos, vehículos o instalaciones; o hasta seis años de cárcel para quien venda litros incompletos de gasolina o diésel.

En este periodo también se aprobó el Paquete Económico para el 2016, que contiene la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Hasta 2016…

La lista de pendientes que deja el Congreso de la Unión para el 2016 abarca tanto asuntos que no transitaron ni siquiera por comisiones, como los que fueron aprobados por sólo una Cámara.

Sin acuerdos, los senadores no lograron avanzar ni un ápice en la aprobación de las iniciativas presidenciales en materia de seguridad, que envió a la Cámara alta en noviembre del 2014.

Se trata de las iniciativas que pretendían instituir el mando único y permitir la intervención de municipios en los que hubiera sospecha de infiltración del crimen organizado.

Tanto el PAN como el PRD se opusieron desde un principio a ambas medidas, lo que hizo imposible que transitara incluso en comisiones.

A pesar de que ya pasó un año de su presentación, la discusión de estas iniciativas no ha avanzado un ápice y no se prevé que ocurra en los meses por venir.

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que daría paso a la creación de tres polos de desarrollo en la zona sur del país, sólo fue aprobada por la Cámara de Diputados.

En el Senado, ayer fue turnada a comisiones, por lo que su discusión ocurrirá hasta el próximo año.

Esto retrasará el anuncio presidencial de crear, por decreto, las Zonas Económicas Especiales del Corredor Industrial Interoceánico –en el Istmo de Tehuantepec–; en los municipios colindantes a puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Puerto Chiapas.

Otro de los asuntos que sólo fue aprobado por la Cámara de Diputados y quedó pendiente en el Senado fue la reforma al Pensionissste.

En los cambios a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se estipula la desincorporación del Pensionissste para convertirlo en una empresa con participación del Estado.

Bajo este esquema, los trabajadores cotizarán su retiro con el mismo esquema que las Afores; el Estado ya no participará con recursos para pagar la estructura o la jubilación de sus trabajadores.

En la Cámara alta, los congresistas afirmaron que deben hacer un análisis a fondo de esta reforma para saber si no se afectarán los derechos de los trabajadores, por lo que se discutirá hasta el 2016.

Otros dos temas pendientes, por los que hubo mucha expectativa en la labor del Congreso, fueron las disposiciones contra la desaparición forzada y contra la tortura.

En ambos casos, los senadores discutieron algunas iniciativas que presentaron parlamentarios de oposición para prevenir y castigar ambos delitos.

Sin embargo, en el caso de la desaparición forzada, el Ejecutivo envió su iniciativa de último momento, a unos días de que concluyera el periodo ordinario, lo que provocó que el debate se aplazara hasta el próximo año.

Otro de los pendientes que dejan los senadores es la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, aprobada por los diputados, y con la que se plantea poner un freno al endeudamiento de entidades y municipios.

Tampoco se logró avanzar en las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que mantienen su aprobación en un impasse, para su aplicación.

Uno de los asuntos heredados por la anterior Legislatura es el de la Ley de la Fiscalía General de la República, que reglamenta la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía.

Dicha Fiscalía sería autónoma del Gobierno federal, y estaría a cargo de un fiscal general de la nación.

De la FGR dependerían dos fiscales especializados: uno, en delitos electorales; y otro, en materia anticorrupción.

La transformación de la PGR en FGR fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2014, pero no logró los acuerdos en el Senado.

Fuente y Créditos:

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