Últimas Noticias

La verdad tiene que ser conocida: Colegio de México


Las familias que han sufrido la desaparición forzada de alguno de sus seres queridos tienen derecho a conocer la verdad, así lo contempla la Ley General de Víctimas en su artículo 22, y establece que, para ello, el Estado puede generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente.

En el anexo “Recomendaciones hacia la verdad, la justicia y la reparación integral”, del informe “En el desamparo”, realizado por investigadores de El Colegio de México, Delia Sánchez del Ángel y Jacobo Dayán Askenazi señalan que estos mecanismos deben cumplir con diversos objetivos, entre ellos, “el esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica; la determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos; el debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y escuchadas; la contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas de investigación, y la recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos”. Para efectivamente cumplir con estos objetivos, deben realizarse “consultas que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares”.

La investigación realizada por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, como institución académica, busca contribuir a entender lo sucedido, y hacer un recuento de las acciones y omisiones del Estado mexicano vinculadas a los dos hechos objetos de estudio. Asimismo, tomando en cuenta que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) goza de funciones y facultades que le permiten hacer cambios a su interior y hacer recomendaciones a diferentes instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, así como a otras que juegan un papel fundamental en el respeto y garantía de los derechos humanos de las víctimas, el informe contiene una serie de propuestas de recomendaciones que espera que la CEAV haga suyas, como elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas; proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta ley.

Hacer recomendaciones al sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas; formular propuestas de política integral nacional de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta ley; proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos; realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño.

El marco internacional en materia de reparaciones es amplio y claro. A través de instrumentos internacionales, tales como principios, declaraciones y tratados, así como mediante la jurisprudencia de diversos organismos internacionales, se ha construido el contenido y el alcance de las reparaciones por violaciones de derechos humanos, los derechos que tienen las víctimas y las consiguientes obligaciones de los estados.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, mediante la resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Establecen que las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y los estados tienen que adoptar las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. Consiguientemente, existe la obligación de que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma.

Establece que entre los derechos de las víctimas se encuentra el disponer de recursos contra las violaciones de derechos humanos, tales como acceso igual y efectivo a la justicia; reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; y acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. Es por ello que los estados tienen el deber de dar a conocer, de forma privada y pública, información sobre todos los recursos disponibles para hacer frente a las violaciones; adoptar medidas para minimizar los inconvenientes de las víctimas y sus representantes; facilitar asistencia apropiada a las víctimas que buscan justicia; y utilizar todos los medios posibles para que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos.

Como reparación, se contempla la restitución, siempre que sea posible, debe devolver a la víctima a la situación anterior a la violación y comprende, según corresponda, “el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”; la indemnización debe ser apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a sus circunstancias, por todos los perjuicios económicamente evaluables; la rehabilitación, que debe incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.

Para la satisfacción se deben realizar, en la medida de lo posible, todos o parte de las siguientes medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones: la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; conmemoraciones y homenajes a las víctimas; la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles”.

La Corte Interamericana ha determinado que “en casos de violaciones de derechos humanos el deber de reparar es propio del Estado, por lo que si bien las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades también en la búsqueda de una justa compensación en el derecho interno, este deber no puede descansar exclusivamente en su iniciativa procesal o en la aportación privada de elementos probatorios”.

La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo suyo, en febrero de 2005, el Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Dentro de dichos principios se encuentra el derecho inalienable a la verdad y, no sólo de las víctimas sino de la sociedad en su conjunto, sobre hechos de violencia. La verdad es uno de los elementos centrales para iniciar la garantía de no repetición. En ese sentido, corresponde al estado el buen funcionamiento del poder judicial y adicionalmente pueden incluirse procesos no judiciales como comisiones de la verdad o investigaciones específicas sobre hechos violentos.

El derecho a la verdad en el sistema interamericano se vinculó inicialmente con las desapariciones forzadas, y es por ello que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana han determinado que los Estados tienen como obligación establecer la verdad de lo sucedido, localizar el paradero de las víctimas e informar a los familiares sobre el mismo. Inclusive, la Corte Interamericana ha señalado que la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos. Asimismo, ha sostenido que establecer lo sucedido devela una verdad histórica que contribuye a cerrar un proceso de duelo y sienta un precedente para que violaciones graves, masivas y sistemáticas no vuelvan a suceder.

El documento señala que, dentro de los procesos de verdad, resultan muy importantes los actos de reconocimiento público, la construcción de memoriales, museos, monumentos y archivos públicos en los que participen las víctimas y la sociedad.

La Ley General de Víctimas establece que todas las autoridades están obligadas -en el ámbito de sus competencias- a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral a las víctimas. Sin embargo, los investigadores refieren que, de entrevistas sostenidas con personal de la CEAV y de las observaciones realizadas en el transcurso de la investigación, se ha detectado que actualmente existe una división al interior de la CEAV.

Alcalde arremete contra investigación

Como una mentira y una acción para dañar a Coahuila y el municipio de Allende, calificó Luis Reynaldo Tapia Valadez, presidente municipal de Allende; la investigación realizada por el Colegio de México y que encabezó el catedrático y periodista, Sergio Aguayo.

“Para empezar esa persona, jamás ha visitado Allende, ni lo conoce yo creo porque decía que Allende estaba enclavado en la Región Carbonífera, cuando sabemos que está en los Cinco Manantiales”, manifestó Tapia Valadez.

Señaló que en la mencionada investigación participaron dos investigadores especiales y otros tres de nivel medio, sin embargo, señaló que todos hicieron la investigación en la Ciudad de México y considera que hablan, y opinan como si hubieran estado presentes el viernes 18 de marzo de 2011.

“Lo que ellos dicen son puras falacias, puras mentiras. Nada más lo que hacen es dañar a las personas, a las víctimas, volverles a recordár, que la gente no venga a nuestro municipio. Crear una especie de caos para Allende y para el Estado de Coahuila”, señaló Luis Reynaldo Tapia. Aseguró que han logrado avanzar mucho en empleo, infraestructura, en recobrar la confianza para que regresen los connacionales y la gente que se fue del municipio cuando se dio, lo que calificó como catástrofe.

“Y viene una persona que por cuestiones politicas, que no sabe ni qué fue lo que pasó y que jamás ha visitado Allende. Y viene y da su opinión a los medios y pone a temblar otra vez a Allende y al municipio, diciendo que el municipio de Allende y que el Estado, nunca han apoyado a las víctimas. El Grupo Alas de Esperanza, junto a doña Olga Saucedo, lo creamos entre Doña Olga y yo”, concluyó el alcalde de Allende.

Fuente: elsiglodetorreon.com.mx

Noticias Relacionadas

Powered by themekiller.com