La negativa del Gobierno Federal, de cumplir con su obligación de ministrar los recursos pactados con Chihuahua en los convenios del 14 de diciembre de 2017, mediante los cuales se comprometió a otorgarle 780 millones de pesos adicionales a las asignaciones ordinarias de esa entidad federativa, así como la paralización del proceso que, por deber legal conducen y solo pueden conducir la PGR y la SRE, para detener con fines de extradición al exgobernador César Duarte, quien se esconde en Estados Unidos y es reclamado por la Justicia Local de Chihuahua a través de diez ordenes de aprehensión, son dos temas que, sin duda, confluyen entre sí, bajo un común denominador: Ambos promueven el incumplimiento de la ley, destacó Maclovio Murillo, consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua.
Precisó que “en la política mexicana es sumamente extraño y no ortodoxo que, ante los reclamos públicos que haga un Gobernador de oposición, sobre incumplimiento de obligaciones legales como las señaladas, sin un análisis informado de la situación, se desechen de tajo los argumentos de la denuncia pública, pues el deber ético y legal es investigar primero; y luego decidir, pues si se invierte el proceso y decide sin investigar, se corre el riesgo innecesario que, de tener razón el reclamante, se quede no solamente en ridículo quien así actúa, si la queja es finalmente fundada; sino además, y de manera principal, que se dé una apariencia pública de ser el autor o protector de las conductas indebidas en que hayan incurrido los subordinados contra quienes versa la queja…
Por esos motivos, cuando un Jefe de Estado recibe quejas de la actuación de funcionarios a él subordinados, lo que ordinariamente se hace, es actuar con prudencia, informándose al quejoso que, se investigará el caso concreto, para luego emitir una decisión debidamente fundamentada. Y cuando se observa que, la decisión va tener efectos políticos nocivos, se mide el riesgo y el impacto, y solamente se afronta el efecto nocivo cuando no haya otra solución menos lesiva o riesgosa. Ese es el principio de oportunidad y conveniencia que rige la actividad administrativa del Estado, y pone un freno a la actuación absolutamente discrecional, que otorga la posibilidad de generar el abuso de poder o la arbitrariedad. Se entiende pues, que el gobernante sin previa investigación, no debe decidir sobre una queja, pues de hacerlo está negando la posibilidad de reconsiderar lo resuelto por sus subordinados, lo cual, indudablemente es signo de arbitrariedad, explicable (pero no justificable) en lo seres humanos, porque el poder a veces pierde a la razón. Quien se equivoca en la emisión de un acto de autoridad, asume las consecuencias y la posibilidad del desprestigio, ante lo irracional, ilegal o inconstitucional de su actuación. Pero el que no es la autoridad y no es quien debe resolver la queja sobre violaciones graves a los principios esenciales del Federalismo, porque apenas anda buscando el voto popular para serlo y, desde esa condición procede a criticar, se pronuncia, desecha y hasta se mofa del reclamo de un Gobernador denunciante, quien solo pide el cumplimiento del orden jurídico, es indudable que se coloca en una situación sumamente cuestionable, al subirse a una arena en la que no es luchador ni invitado, solo para promover la cultura de la ilegalidad a través de impulsar la violación al orden jurídico. Eso resulta muy revelador para el ciudadano común, quien puede preguntarse:
“Si como candidato alguien promueve la violación a la ley, por apoyar el franco incumplimiento de convenios válidamente celebrados entre un Estado y la Federación, y apoya la inacción de los órganos competentes para presentar ante la justicia local a un sujeto que es reclamado con base a diez ordenes de aprehensión, ¿cómo será cuando sea autoridad? ¿Será arbitrario o respetuoso de la ley?
Si a un Gobernador, sin pruebas ni argumentos fundamentados, se le trata mentiroso y torturador, solo porque realizó un reclamo al considerar afectados los principios fundamentales del federalismo, ¿qué puede esperar el ciudadano común o un Gobernador, cuando el autor de esas conductas sea Jefe de Estado?
“Las respuestas a esas interrogantes, pueden sin duda ser impactantes.
Yo creo que, al Ciudadano Meade, se le fue una oportunidad de oro para comprometerse con el respeto al orden legal y con el respeto a los principios que rigen al federalismo, pues bastaba haber dicho que, sobre esos temas, él proponía que se analizara la situación y de ser cierto el recorte injustificado de recursos y la indebida inacción en el proceso de extradición de César Duarte, se corrigiera de inmediato, acogiendo incluso como suyas, esas causas, para buscar su legal solución, pero no, en lugar de actuar como aconseja la prudencia, con sus declaraciones desechó el reclamo de Javier Corral y dijo que era un mentiroso, no porque tuviera información para saber si tenía o no razón, sino tan solo por provenir de un Gobernador que no es de su partido político, lanzando en su contra evidentes declaraciones difamatorias, como la relativa a que es un torturador.
“Entonces, cabe preguntarse, de ganar Meade, ¿cómo piensa gobernar para todos? ¿Solo va gobernar para los del PRI? Creo que es una práctica discriminatoria el desechar quejas o reclamos solo por provenir de personas que no comulgan con nuestra ideología política. Que grave que esto ocurra en pleno siglo XXI y en medio de un proceso en el que las ideas más progresistas son las que debieran acoger los políticos comprometidos con México”.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx
