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Exige titular de CNDH esclarecer asesinato de fotoperiodista

CIUDAD DE MEXICO.- La investigación del asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa deben partir del hecho de que él era periodista y había recibido amenazas del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, demandaron representantes de la sociedad civil.

Dichos representantes forman parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y tienen voz y voto dentro de la junta de gobierno dicho organismo, el cual es encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob).

En un pronunciamiento público, exigieron que el homicidio de Espinosa y de otras cuatro mujeres, cuyos cuerpos fueron hallados el viernes en un departamento de la Colonia Narvarte del DF, sea investigado rigurosamente.

“En cuanto a la muerte de Rubén Espinosa la investigación debe partir del hecho que era un periodista y había recibido amenazas del gobernador Javier Duarte”, plantearon.

La junta de gobierno del Mecanismo está conformada, además, por representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los integrantes del Consejo Consultivo denunciaron que prácticamente todos los homicidios de quienes trabajan por la libertad de expresión quedan en la impunidad, según su propia experiencia dentro del Mecanismo.

“Este caso no puede ser uno más en donde suceda lo mismo. Es forzoso que la autoridad encargada de la investigación esclarezca los crímenes de las cinco personas y se determine cuáles fueron las causas e identifique a los autores materiales e intelectuales de esas muertes”, advirtieron.

Exigieron también a las autoridades capitalinas a garantizar la justicia para “mostrar que la Ciudad de México sigue siendo un lugar seguro donde periodistas y defensores de derechos humanos pueden recibir refugio y apoyos para garantizar su seguridad y su vida”.

El pronunciamiento del Consejo Consultivo se difundió originalmente con las firmas de Gisela Martínez, Jorge Israel Martínez, Michael Chamberlain, Edgar Cortez, Pablo Romo y Axel García.

Sin embargo, Gisela Martínez pidió después que su nombre fuera borrado del comunicado pues, argumentó, éste no fue consensado.

Además, criticó, el pronunciamiento omite señalar al resto de las autoridades involucradas en los hechos.

“Al tratarse de un hecho que podría ser delito de la libertad de expresión o no, es deber de las autoridades competentes investigar, (y) el Consejo se erige como juez, algo que rebasa sus funciones”, advirtió.

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