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Exige IP alto a corrupción

Por primera vez, representantes de los 65 centros empresariales de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezados por su presidente, Gustavo de Hoyos, se manifestaron en el Ángel de la Independencia para reclamar al Senado su incumplimiento con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Aunque el líder empresarial destacó que el SNA representa un gran triunfo para la sociedad, dijo que los senadores quedaron a deber. También criticó que en la Ley de Responsabilidades Administrativas, aprobada la madrugada del miércoles, pretenden obligar a trabajadores y empresas a presentar su declaración de intereses, fiscal y patrimonial, cuando ellos no están dispuestos a hacerlo.

De Hoyos confió en que la Cámara de Diputados corrija los errores del Senado, en lo que calificó una “ocurrencia de madrugada” al trasladar a la sociedad y la Iniciativa Privada las obligaciones de los funcionarios públicos.

“Si se insiste en este punto, lo más seguro es que el SNA completo pueda colapsar”, dijo. Incluso advirtió que todo parece “una cortina de humo”, detrás de la cual los legisladores pretenden camuflarse, con el fin de que aquellas que verdaderamente importan queden ocultas entre miles.

Explicó que la IP presentó varios documentos a la Cámara de Diputados que señalan los aspectos que pueden mejorar.

“Esperamos que haya una Fiscalía Anticorrupción independiente desde su primer día de publicación. Nos interesa que prevalezca el principio de máxima publicidad, es decir, que las declaraciones de intereses estén claramente establecidas en la ley y derecho vigente”.

Reconoció el trabajo de los senadores que votaron a favor del “espíritu original de las iniciativas”, y llamó a los diputados a votar con responsabilidad la legislación.

Dijo que no es una lucha contra los políticos, sino una lucha de los ciudadanos contra la corrupción.

Por su parte, a la iniciativa privada de La Laguna no le incomoda que los legisladores impusieran la Ley 3 de 3 a las personas físicas y morales en el momento que participen en contratos para obras o servicios con el sector público, ya que aseguran que son fiscalizados y auditados constantemente.

Sólo temen que esta manera de revirar la iniciativa que presentaron los empresarios a nivel nacional, al recabar miles de firmas y presionar al gobierno, no logre que los funcionarios públicos cumplan con esta disposición anticorrupción.

Con información de: elsiglodetorreon.com.mx

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