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En México trabajaban más de 2.5 millones de niños: UNICEF

CIUDAD DE MEXICO.- El análisis realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México, señala que en el año 2013 existían 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes de entre cinco y 17 años que realizaban alguna actividad económica.

Según el Informe, 1.8 millones de adolescentes de entre 14 y 17 años de edad y cerca de 750 mil niños y niñas de 5 a 13 años tenían alguna actividad laboral. De estos, 11.4% (285 mil) eran niños, la mayoría trabajaba en el sector agropecuario y 5.8% (145 mil) eran niñas, quienes trabajaban en actividades referentes al comercio y a los servicios.

Los niños presentaron un mayor porcentaje en la jornada laboral, 31% trabajaba más de 35 horas, mientras que el mismo porcentaje en las niñas correspondía a menos de 15 horas trabajadas.

Sin embargo, no todos los que realizaban alguna actividad económica recibían algún sueldo, casi la mitad no eran remunerados.

El motivo principal por el que trabajaban las niñas correspondía al gusto por gusto o por ayudar (29%), en el caso de los niños trabajaban porque su hogar lo necesitaba (23%).

Los resultados arrojan que es fundamental brindar mayor atención al desarrollo humano, garantizando la igualdad y la inclusión social en los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a la definición brindada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil representa una violación a los derechos de todos los niños y adolescentes, atenta contra su derecho al crecimiento saludable, a jugar y desarrollarse plenamente.

El Informe examina el cumplimiento de los derechos y las condiciones en la que viven los niños y adolescentes en México, tales como el nivel de ingresos por hogar, la edad, sexo, población, escolaridad y pertenencia étnica, busca reducir la desigualdad en México, particularmente entre los niños y procura la elaboración de presupuestos públicos que favorezcan la distribución del gasto público y garanticen el ejercicio de derechos fundamentales.

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