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“El Ejército sabe dónde están”: padres de los normalistas

CIUDAD DE MEXICO.- “El Ejército deberá ser investigado, de lo contrario el gobierno de México estaría desacatando las recomendaciones de los especialistas”, porque el la milicia está tomando decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado la administración federal con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan -y abogado de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa-, Abel Barrera Hernández.

Ayer, en una carta el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, Arturo Vallarta Tafolla, indicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no podrá entrevistar a los militares porque eso no es parte del acuerdo que el gobierno mexicano estableció con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y celebró la “decisión mexicana” de no permitir los encuentros porque se violarían los “derechos fundamentales de los militares”.

En declaraciones antes de la inauguración de una muestra fotográfica en la Normal Rural de Ayotzinapa, Barrera Hernández dijo que el Ejército debe estar supeditado a la autoridad civil, pero por el comunicado emitido por la Novena Región Militar, en el que rechaza que los soldados asignados al cuartel en Iguala sean entrevistados por el grupo de expertos de la CIDH, se ve que está por encima de la autoridad civil, lo que consideró grave, “porque está tomando decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado el gobierno de México con la Comisión Interamericana”.

Agregó que el Ejército quiere ignorar lo que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre.

Reiteró que el gobierno mexicano firmó un convenio con la CIDH y el Ejército forma parte del Estado, por ende no puede tomar decisiones y opiniones al margen de un convenio donde se pidió colaboración para que un grupo de expertos investigara y apoyara.

Ahora el Gobierno federal debe acatar lo que dice el informe, señaló.

Enfatizó que con su postura “el Ejército está violando el convenio que realizó el Gobierno mexicano con la Comisión Interamericana”.

Explicó que el Gobierno de México forma parte del sistema interamericano, y cuando el Ejército dice que los expertos de la CIDH son extranjeros quiere decir que no está respetando, que está desconociendo los acuerdos internacionales, que no quiere reconocer que el sistema interamericano forma parte de los acuerdos.

Barrera Hernández consideró que es grave violar los acuerdos, porque ignora a la autoridad civil, el Ejército se coloca por encima y desconoce los convenios que se firmaron y que forman parte de las medidas cautelares que aprobó la Comisión Interamericana a los padres de los normalistas.

Indicó que las autoridades y en específico el Ejército hacen lo que consideran que ayuda a sus intereses, no se apegan a los acuerdos y convenios.

Lo que se busca es la verdad y la justicia, dijo Abel Barrera, por lo que al impedir que se investigue al Ejército se obstaculiza la investigación.

Si hubiera voluntad política el Ejército tendría que acatar las recomendaciones del grupo de la CIDH, por lo que los padres y las organizaciones piden que el informe del GIEI se integre a la averiguación previa en el caso Ayotzinapa, que está en la Procuraduría General de la Republica (PGR), expresó el director del Centro Tlachinollan.

Dijo que además pedirán que de esa investigación sea responsable la misma Procuradora Arely Gómez González y que no se lleve a una subprocuraduría.

Pidió que todas las instancias de gobierno, civiles y militares, sean investigados porque el informe indica la intervención que tuvieron.

Quien realizará las investigaciones será la PGR, pero lo que piden los expertos es hablar con el Ejército para tomar en cuenta las acciones u omisiones que hubo el 26 y 27 de septiembre, “en ningún momento será un extranjero el que va a realizar la investigación ministerial”, enfatizó Barrera Hernández.

Señaló que por mandato de la Comisión Interamericana y por un acuerdo del Estado mexicano, los representantes de la CIDH tienen la facultad de llamar e entrevistar, respetando los procedimientos del país.

“Los privilegios del poder, como es el caso del Ejército, es lo que más ha dañado, porque eso hace que prevalezca la impunidad, ciertas autoridades que no rinden cuentas y se quieren mantener en la opacidad, este argumento que da es para no rendir cuentas, no hay más mensaje que eso”, dijo sobre la postura del Ejército.

Adelantó que en la reunión que sostendrán los padres con el Presidente Enrique Peña Nieto el próximo 24 de septiembre pedirán que se cumplan todas las recomendaciones, y una de ellas es que el Ejército debe ser investigado y brindar todas las facilidades para conocer la versión de los hechos, porque implicará un cambio total en las líneas de investigación.

En cuanto a la nueva investigación que pactó la PGR con expertos de la CIDH para realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, Abel Barrera insistió en que se deberán acatar las recomendaciones del informe, “si se habla de retomar la investigación en el basurero es no querer atender, valorar el informe, desviar y complicar la investigación”.

“No se puede poner en duda y en tela de juicio el gran trabajo que realizó el perito más experimentado del mundo en el tema del fuego, si lo quieren volver a hacer es lamentable, porque no va a ayudar, porque ya está hecho el trabajo, lo único que se pide es que se haga la investigación y se cumplan las recomendaciones”, indicó Abel Barrera.

El abogado Vidulfo Rosales Sierra, también del Centro Tlachinollan, expresó por su parte que pedirán al presidente Peña Nieto el replanteamiento general de la investigación del caso Ayotzinapa, para que nuevas instancias lleven la investigación, “porque no confiamos en la SEIDO, para que puedan conducir la investigación, que se abran nuevas líneas de investigación y que se retomen todas las pruebas del informe”.

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