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Diputados dejan “para después” debate sobre marihuana

CIUDAD DE MÉXICO.- A las 4:52 de la mañana y luego de una sesión de casi de 15:00 horas, el Senado cerró su periodo ordinario de sesiones dejando para un extraordinario el paquete de reformas de anticorrupción, mariguana medicinal y mando único.

Aunque se había acordado continuar las sesiones hasta el 30 de abril, la falta de consensos en los tres temas provocó que se cerrara el periodo en la madrugada sin siquiera haberlas aprobado en comisiones.

Los senadores terminaron el periodo de sesiones con la elección de 12 de los 14 espacios para diputados constituyentes, pues el PT decidió no enviar a ningún representante en protesta, y Alejandro Encinas (con 40 votos) y Armando Ríos Piter (con 29 votos) no alcanzaron lo necesario para integrar la Asamblea Constituyente.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil, dijo que serán enviados a la Junta de Coordinación Política las dos vacantes para que ésta decida lo conducente.

Quienes quedaron electos del PRI son: Raúl Cervantes, Ana Lilia Herrera, Enrique Burgos, Lizbeth Hernandez, Joel Ayala y Yolanda de la torre Valdés. Del PAN, se eligió a Roberto Gil, Mariana Gómez Gómez, Ernesto Cordero y Gabriela Cuevas. Dolores Padierna fue la única que quedó del PRD, así como Pablo Escudero del PVEM.

Previo al cierre del periodo, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, dijo que por acuerdo de las bancadas se discutiría en un extraordinario las leyes secundarias de Anticorrupción y la iniciativa de cannabis medicinal y el incremento a 28 gramos en la portación de mariguana.

Horas antes, el Senado avaló con 90 votos a favor y cuatro en contra, el dictamen que expide Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La Ley estipula que se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a mil días multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas establecidas.

Tratándose de un particular, se le impondrá una pena de cuatro a doce años de prisión y de 300 a 600 días multa.

En el nuevo ordenamiento se dispone que las penas previstas para el delito de tortura aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer, migrante, adulto mayor, indígena, discapacitado, haya sido sometida a cualquier forma de violencia sexual, entre otros.

Asimismo, al servidor público que tenga conocimiento de la presunta comisión del delito de tortura y se abstuviese de denunciar inmediatamente este acto, se le impondrá una pena de cuatro a siete años de prisión y de 250 a 500 días multa.

Ninguna persona procesada o sentenciada por el delito de tortura podrá beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con similares efectos.

El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Además, en esta misma sesión se avaló, con 91 votos a favor y cuatro en contra, el dictamen que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, que tiene por objetivo dotar al marco jurídico vigente de mecanismos necesarios para hacer frente a la delincuencia organizada y grupos delictivos.

El documento precisa que para poder combatir a este tipo de grupos criminales se requiere de una armonización en la materia, con la finalidad de no se vulneren los derechos humanos de las personas procesadas por algún delito, tales como el debido proceso, que además, va da la mano con algunas disposiciones previstas en instrumentos internacionales.

En atención al principio de proporcionalidad de las penas, incorpora dentro de los supuestos que se sancionen con mayor gravedad al delito de operación con recursos de procedencia ilícita; la trata de personas; secuestro y robo de hidrocarburos.

Asimismo, se encuentra el narcomenudeo y contrabando. Se tipifica la conducta de quienes acuerden o preparen con dos o más personas la comisión de un delito como delincuencia organizada; y sanciona a quienes a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva generada por una organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas.

De igual manera se envió a la Cámara de Diputados.

Por otra parte, la cámara alta aporbó la designación de los magistrados de los tribunales electorales locales de la Ciudad de México, del estado de Querétaro y de Tabasco, por un periodo de siete años.

Se eligió a Martha Alejandra Chávez Camarena, como magistrada del Órgano Jurisdiccional en materia electoral de la Ciudad de México.

Asimismo, Martín Silva Vázquez, fue electo magistrado en Querétaro y fue designado Rigoberto Riley Mata Villanueva para el tribunal electoral de Tabasco.

El Senado también eligió a los integrantes de la Comisión Permanente, quienes instalarán este órgano del Congreso hoy a las 11 de la mañana.

Fuente y Créditos: sipse.com
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