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Detenciones arbitrarias en México están enmarcadas por discriminación


Los arrestos arbitrarios en nuestro país son utilizados por las autoridades de forma ilegal, principalmente contra aquellas personas que son más susceptibles a enfrentar situaciones de discriminación, con una preocupante afectación a hombres jóvenes que viven en pobreza u otras situaciones marginales.

Según un informe llamado “Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la Policía en México” de la ONG, Amnistía Internacional, las autoridades suelen hacer detenciones de personas sólo por parecer “sospechosos” a la policía cuando además de ser hombres jóvenes pertenecen (o son percibidos como pertenecientes) a otros grupos que históricamente han sufrido discriminación, como indígenas, migrantes o quienes viven en pobreza.

El derecho internacional de los derechos humanos establece que todas las personas tienen derecho a la libertad personal y, por lo tanto, las detenciones arbitrarias están prohibidas. Las detenciones arbitrarias son arrestos, confinamientos o privación de la libertad de personas en casos en los que no existe probabilidad o evidencia de comisión de delito y se prolonga desde la aprehensión hasta la puesta en libertad de la persona. En estos casos no se cumple con el debido proceso establecido por normas o estatutos legales, ni la presunción de inocencia.

En México es común que encontrar casos que siguen patrones similares, sobre todo, en los motivos o los rasgos fenotípicos y estratos sociales de dónde provienen las víctimas de este tipo de prácticas.

Amnistía Internacional encontró en su informe un trazado habitual en las motivaciones para estas detenciones: una persona en una situación que podría ser considerado de marginación y propenso a ser discriminada es detenida en un momento cualquiera del día. Los policías, actores de la detención, no le explican el motivo detrás del arresto. Para validar y justificar los actos en contra de esa persona, le siembran algún objeto para incriminarla, que sirva como elemento probatorio, y es llevada ante otras autoridades, quienes inician un proceso legal que le resulta incomprensible, con un proceso plagado de irregularidades.

Las detenciones arbitrarias abren la puerta para otras violaciones de Derechos Humanos como la tortura, las desapariciones forzadas, fallas en el debido proceso y las ejecuciones extrajudiciales. Uno de los alegatos de la policía para justificar este tipo de detenciones es que arrestaron a la persona en flagrancia, es decir, en el momento en el que se estaba cometiendo un delito.

Según los hallazgos de Amnistía Internacional, las razones detrás de este tipo de prácticas normalizadas son: la extorsión a quienes detienen, los pagos de terceras personas para detener a alguien, la realización de detenciones motivadas políticamente, la detención de personas por un delito menor (que muchas veces no se cometió) para investigarlas por algún otro delito, o para sembrar evidencia y así no tener que investigar auténticamente los delitos que sí se llevan a cabo. La ONG encontró que estas prácticas irregulares se sostienen mediante evidencia sembrada por la propia policía.

¿Este tipo de actuar representa un patrón común en la forma en la que trabaja la policía mexicana y las instituciones del sistema de justicia? ¿Las detenciones tienen un sesgo racista y discriminatorio? Según Amnistía Internacional, sí.

En México, la policía tiene la facultad para arrestar a cualquier persona que sea sorprendida al estar cometiendo un hecho aparentemente delictivo. A esto se le conoce como flagrancia. El Código Nacional de Procedimientos Penales admite dos tipos de detenciones en este caso: cuando se le captura en el lugar del presunto delito y cuando no se sorprende al presunto delincuente y se inicia una búsqueda ininterrumpida tras los avisos de algún testigo (Si se logra el arresto, la persona, al ser detenida, debe tener en su poder algún objeto relacionado con el delito). En ambos casos la policía debe presentar las pruebas para iniciar el proceso judicial.

El informe de Amnistía Internacional revela que en México los arrestos por supuesta flagrancia son muy comunes y suceden con más frecuencia que aquellos llevados a cabo bajo otra base legal (como la existencia de una orden de aprehensión o por tratarse de un caso urgente).

Los arrestos en supuesta flagrancia han servido para legitimar la actuación irregular de las autoridades, ya que transmiten la imagen de que la policía, y por extensión el gobierno, está realizando un trabajo eficaz de combate a la delincuencia. Sin embargo, el problema no radica en que se lleven a cabo arrestos cuando se comete un delito, sino en que se pasen por alto los requerimientos legales, que se simulen delitos que no ocurrieron o se siembre o fabrique evidencia con tal de lograr una aprehensión y que dichas detenciones obedezcan un sesgo discriminatorio o racista.

Un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la situación económica de los mexicanos considerando las características sociodemográficas y de autoclasificación racial de la población. La información reveló que las personas que cuentan con tonos de piel un poco más obscuros tienen menos posibilidades de acceder a mejor educación y puestos de trabajo de más alto perfil, minando las posibilidades de movilidad social ascendente. Según los datos de Amnistía Internacional revelados en este estudio, las personas con ciertas características físicas, también son más propensos al acoso policíaco.

Para recabar la información del informe, Amnistía Internacional investigó las circunstancias en las que ocurren arrestos y detenciones arbitrarias en México. La organización llevó a cabo entrevistas con personas que se desempeñan o se desempeñaron en años recientes como operadoras y operadores de justicia.

Los operadores de justicia participantes en la investigación de Amnistía Internacional sostuvieron que la mayoría de las personas arrestadas, y la mayoría de las sometidas a procesos penales, son hombres jóvenes. Según datos del INEGI recabados en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016, en el 2015 los hombres jóvenes (de entre 18 y 29 años) fueron el grupo que más fue sujeto a proceso penal. El 26.47% del total de personas procesadas fueron estaban en este rango de edad, un porcentaje mayor al de cualquier otro rango de edad y género.

Las detenciones a los hombres jóvenes no se hacen en un vacío contextual. Según el reporte, los detenidos suelen parecerles a los agentes de policía como “sospechosos cuando además de ser hombres jóvenes pertenecen (o son percibidos como pertenecientes) a otros grupos que históricamente han estado en vulnerabilidad y han sufrido discriminación en México, como los indígenas, migrantes o quienes viven en pobreza, entre otros”.

Una de las respuestas de los agentes admitió que, según su perspectiva, los hombres jóvenes serían quienes suelen cometer delitos susceptibles de arresto en flagrancia (como asalto o robo). Otra de las declaraciones recopiladas dijo que “se detiene más a las personas pobres, a las personas migrantes, a las que están en barrios marginales, fundamentalmente a jóvenes”. En algunos casos, la policía alega que está justificado arrestar a un joven en pobreza cuando se encuentre en un área acaudalada de la ciudad (una zona “a la que no pertenece”) o debido a que estaba en la calle durante la noche o por parecerles “sospechoso” ya que “se ve que anda en algo”.

Lo que hay detrás de la idea de los oficiales de policía es la sospecha que normaliza razones discriminatorias para arrestar, según Amnistía Internacional, la policía en México utiliza conceptos como “revisiones de rutina”, “actitud sospechosa” o “actitud evasiva” para detener a personas. Todos ellos esconden prejuicios propios de la discriminación.

Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, dijo en entrevista para El Economista que sí hay racismo en algunos casos de detenciones arbitrarias con sesgos discriminatorios. “La policía tiene un poder selectivo y lo ejerce cuando decide detener a una persona en lugar de a otra; cuando decide detener a una persona que cumple con un estereotipo determinado. La policía en México hace una selección de personas. En las detenciones arbitraria vemos cómo se van configurando diferentes rasgos de la discriminación (…) todos los elementos se configuran de manera adecuada para ser seleccionada por el poder punitivo del Estado”.

La Directora de Amnistía Internacional México, dijo que aunque no se puede decir con certeza que todas las detenciones arbitrarias tienen un sesgo discriminatorio, sí se puede hablar que el sistema penal mexicano deja de lado el carácter desigual y conflictivo de las relaciones de clase, de género y las relaciones étnicas culturales. “El sistema penal siempre presupone una igualdad que no existe y desatiende los conflictos y las formas de violencia que se producen en relación a las diferencias sociales. Cuando se entiende que el sistema penal no considera las desigualdades, entonces se puede entender por qué la gente que está presa tiene un estereotipo similar”.

Según el informe de Amnistía Internacional, algunos operadores de justicia entrevistados expresaron una preocupante confianza en que, debido a su experiencia en campo, la policía tiene capacidad de detectar a delincuentes sin mostrar un razonamiento claro basado en indicios tangibles, pese a que cada evento de detención debe estar basado en hechos claros presentes en el caso.

Este tipo de prácticas generan que permeé una “sensación de impunidad”, dijo Reneaum Panszi, que agregó que el problema es que dentro de nuestro sistema de justicia “se normaliza una forma de proceder, de hacer justicia y de investigar el delito”, esto atañe a los cuerpos policiacos y al sistema judicial en general, que permite y legitima estas prácticas.

Cuando agentes estatales llevan a cabo el arresto de una persona, estos tienen la obligación de cumplir con ciertos requisitos para proteger los derechos de la persona bajo custodia. Amnistía Internacional encontró que en general, los operadores de justicia no tienen claro cómo debe ser un registro de la detención, incluidos los requisitos provenientes del derecho internacional, ni de las necesidades operativas del mismo.

Toda persona que haya sido víctima de arresto o detención ilegal tiene el derecho a obtener una reparación del daño, incluyendo la liberación inmediata. El derecho a obtener reparación es aplicable a las personas cuya detención o arresto ha vulnerado leyes o procedimientos nacionales, normas internacionales, o ambas. Una forma de reparación es la efectiva investigación de las detenciones arbitrarias, además, las investigaciones son importantes porque la impunidad propicia la repetición de estas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, persiste una gran impunidad relacionada con arrestos y detenciones arbitrarias, perpetuando y normalizando estas prácticas.

Los arrestos arbitrarios impactan a los derechos humanos de las víctimas a través de violaciones como la tortura, así como las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada. Cuando una persona es detenida arbitrariamente no sólo se afecta su derecho a la libertad personal sino que se ponen en riesgo muchos otros derechos. Según Amnistía, el hecho de estar privado ilícitamente de la libertad, causa inseguridad, malestar y zozobra en la persona que no sabe qué es lo que puede ocurrirle.

En su libro “Humillación en las redes“, el periodista británico Jon Ronson, cita a Nahal Zamani, abogado que defiende los derechos civiles, que en el 2012 entrevistó a víctimas de esta práctica para el informe de investigación “Stop and Frisk: The Human Impact”. El informe incluyó declaraciones de personas que declararon que ser objeto de detención y cacheo había hecho que se sintiesen “degradados y humillados”.

“Sólo porque la policía te ha parado por… sólo porque te ha elegido al azar. Eso por sí solo resulta bastante humillante”, citó Ronson en su libro. Otra víctima dijo: “Me hizo sentir vejada, humillada, acosada, avergonzada y, por supuesto, muy asustada”.

Tania Reneaum, dijo que seguramente las víctimas de detenciones arbitrarias sentirán miedo a la autoridad, o una combinación entre miedo y enojo y se contagia en forma colectiva hacia la desconfianza social. “La autoridad no quiere que le tengamos miedo, pero ha conseguido que sí le tengamos miedo”, dijo la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Fuente: eleconomista.com.mx

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