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‘Denuncia es un no a la impunidad’

Al presentar un aviso ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, por posibles delitos de lesa humanidad en Allende y Piedras Negras, el activista y empresario Armando Guadiana ha abierto un poco más la puerta de la justicia internacional a las violaciones graves de derechos humanos, cometidas en México de manera sistemática y generalizada.

“No hay que pasar por alto este hecho, porque es un no a la impunidad”, dice Daniel Vázquez, investigador y experto en derechos humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Vázquez advierte que violaciones a derechos humanos como la tortura y la desaparición forzada, ya fueron categorizadas como “generalizadas” por órganos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales.

Allí están los informes de la relatoría especial para la tortura, del Comité contra las Desapariciones Forzadas, y de la organización internacional Open Society Justice Iniciative, que en junio pasado presentó el reporte “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”.

En ese documento -que incluyó el caso de Allende- se concluye que “hay razones para creer que el gobierno federal y los grupos del crimen organizado han cometido asesinatos, tortura y desapariciones que han sido sistemáticos, generalizados y que han sido parte de una política para atacar a la población civil.

“En pocas palabras -sigue-, existen bases razonables para creer que algunos de estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad”.

Antes, además, otro grupo de mexicanos encabezado por el investigador John Ackerman, ya había recurrido a la CPI para presentar un aviso al fiscal contra el gobierno de Felipe Calderón, recuerda Daniel Vázquez.

Estas acciones, dice el investigador, son un “no a la impunidad”, aunque es difícil que sean viables, advierte, por el procedimiento mismo de la CPI.

Explica que, a diferencia del derecho internacional de los derechos humanos, que somete a juicio a los estados, el derecho penal internacional hace de las personas el blanco de la justicia.

“La responsabilidad penal internacional es siempre individual, el tipo de delitos que se persiguen son crímenes cometidos contra población civil y éstos pueden ser cometidos por dos tipos de personas: gente que representa al Estado y líderes de grupos armados, institucionales o no, como los paramilitares”, dice.

“En ese sentido, personas específicas sí pueden ser sometidas a responsabilidad por la Corte Penal internacional”, afirma.

Explica que aun cuando el marco normativo es suficiente para que una persona sea procesada, “por ejemplo un gobernador o exgobernador”, éste no basta. “Se necesitan muchas otras cosas, entre ellas, que efectivamente se configure un delito penal internacional y esto es muy complicado por el tipo de crímenes que persigue la CPI, como la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, pero siempre que tengan la característica de ser sistemáticas o generalizadas”, afirma.

En manos de la Corte

Probar este tipo de delitos, dice, no es sencillo, explica Vázquez. “Es necesario demostrar que hay una especie de ‘política pública’ en torno de la desaparición forzada, por ejemplo. Es decir, que varios órganos están encargados de desaparecer, torturar o ejecutar gente, de manera sistemática o generalizada, y allí es donde las cosas se ponen complicadas”, dice.

Advierte además que la última palabra para la investigación de un caso queda en el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien hace las veces de un Ministerio Público que ejerce la acción penal.

“Ese fiscal decide qué casos va a investigar y, una vez que tiene la investigación, qué casos se presentan ante la CPI”.

Vázquez afirma que el aviso -y no denuncia- ante el fiscal de posibles actos constitutivos de delitos penales internacionales, no es suficiente para asegurar que llegarán ante la CPI. “Una cosa es que acepte el aviso, pero de allí a que se anime a tomar el caso, después a investigarlo y luego hacer una presentación de la acción penal ante la CPI, es un proceso muy largo y muy complicado”.

El investigador afirma que el fiscal tiene mucha autonomía para determinar qué casos toma y cuáles no. Sin embargo, dice, suelen dar prioridad a casos que consideran políticamente muy relevantes y muchas veces relacionados con África o con Asia.

Por eso considera que el acto de Guadiana no tiene mucha viabilidad, pero no hay que pasarlo por alto porque aborda un caso del cual los mexicanos todavía sabemos pocos.

“El ataque a Allende ocurrió en 2011 y supimos hasta 2014. Luego han pasado dos años más para que se iniciara una investigación, y no México sino de Estados Unidos”, afirma Vázquez.

Explica que el aviso ante la CPI no necesariamente modificará las estructuras que permiten ese tipo de violaciones sistemáticas y generalizadas en materia de derechos humanos en México. En cambio, propone otras dos vías paralelas: una comisión de la verdad y la cooperación internacional.

“En la justicia transicional suelen utilizarse las comisiones de la verdad, que nos permiten identificar las pautas, los procesos y a las personas y órganos que por acción o por omisión permiten esas violaciones estructurales y graves en materia de derechos humanos”, dice.

La cooperación internacional, a su vez, permitiría la conformación de una comisión como la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), explica.

Este tipo de comisiones, dice, son una especie de llave, de articulación entre órganos internacionales con mayor grado de legitimidad y autonomía, que al mismo tiempo se articulan con los órganos locales para ayudarlos en el proceso de investigación, en la generación de autonomía al interior del órgano nacional y en capacitación.

“Entonces tienes por un lado la comisión de la verdad generando datos e información sobre la estructura, y tienes este órgano de cooperación internacional que te permite accionar los sistemas formales de justicia, con eficiencia y autonomía, que es lo que ahora no tenemos en México”, dice Vázquez.

Fuente: elsiglodetorreon.com.mx

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