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Defraudan a Pemex y los dejan impunes

CIUDAD DE MEXICO.- Un tribunal federal anuló la inhabilitación de dos años y medio impuesta a una empresa con sede en Houston, pero creada por mexicanos, que falseó la fianza que avalaba dos contratos por más de 200 millones de dólares con Pemex.

Se trata de la empresa Rotary Drillrigs International, que según registros públicos, no solo incumplió a Pemex, sino que además recibió financiamiento de Banobras, que ahora busca recuperar por vía judicial casi 94 millones de UDIS, equivalentes a más de 500 millones de pesos.

El pasado 19 de mayo, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa amparó a Rotary para que se deje sin efectos la inhabilitación para recibir contratos públicos porque, durante el trámite del procedimiento sancionador, el Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex Exploración y Producción (PEP) emplazó a la empresa en un domicilio equivocado.

El OIC hizo las notificaciones en diversas fechas de 2014 en un domicilio de Boca del Río, Veracruz, pero Rotary había dado aviso a Pemex, un año antes, que su nuevo domicilio estaba en Coatzacoalcos, por lo que el tribunal concluyó que se violó su garantía de audiencia al no poderse defender durante el procedimiento.

Rotary ganó en mayo de 2012, por licitación, dos contratos por 203.5 millones de dólares para proveer cinco equipos de perforación terrestre de pozos petroleros y asistencia técnica hasta 2017, con opción de extensión hasta 2022.

Sin embargo, en agosto de 2013, la afianzadora ACE Monterrey reportó a PEP la inexistencia de la póliza de fianza de 17 millones de dólares presentada por Rotary para garantizar uno de los contratos.

Banobras, por su parte, contrató en noviembre pasado a una consultora privada que cobró 4.5 millones de pesos para examinar si los financiamientos a Rotary y a otras dos empresas “se otorgaron en apego al manual de crédito” del banco.

El 17 de febrero, Banobras presentó una demanda ejecutiva mercantil contra Rotary, pero no ha podido ubicar cuentas para embargo en bancos mexicanos, según registros del juicio 98/2015 del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil.

Registros públicos del Departamento de Estado de Texas indican que todos los funcionarios de Rotary son mexicanos y entre ellos se encuentra Oscar Ochoa Carmona, quien fue superintendente de PEP hasta 2004.

El caso de Rotary no es el único de fianzas irregulares en contratos de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos de PEP.

Atlantic Marine Services BV ganó por adjudicación directa, en marzo de 2012, un contrato de 96 millones de dólares, pero la fianza que presentó solo cubría 2.9 millones de dólares, por lo que estaba 6.9 millones por debajo del 10 por ciento del monto del contrato que exige la ley.

La empresa incumplió la entrega de la plataforma, por lo que PEP le rescindió el contrato en 2014 y ahora el caso se litiga en tribunales.

…Y perdonan a contratistas

Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de la Función Pública abstenerse de sancionar, por el momento, a dos empresas que incumplieron contratos por más de 354 millones de dólares para proveer plataformas a Pemex Exploración y Producción (PEP).

Se trata de las firmas EPNP y KS Drilling, que en julio de 2012 ganaron por adjudicación directa contratos para el arrendamiento sin opción a compra de dos plataformas, que para finales de ese año ni siquiera estaban en aguas mexicanas.

Pemex rescindió ambos contratos en noviembre de 2013 y ahora el Órgano Interno de Control (OIC) busca inhabilitar a las dos empresas, favorecidas por la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos de PEP.

Sin embargo, el pasado 5 de junio el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó a EPNP una suspensión provisional para que el OIC no la sancione, ya que aún no se han resuelto las dos demandas en las que impugnó la rescisión de los contratos.

Dichos juicios se tramitan desde finales de 2013 ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Lo más probable es que Pemex Exploración y Producción pierda ambos juicios, ya que el Magistrado instructor determinó que las demandas debieron ser contestadas por la Unidad de Perforación y no por un funcionario del área jurídica.

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