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Cifras poco claras en muertes por violencia

Las estadísticas de muertes dolosas en el país distan mucho de ser perfectas.

En 2012, el último año de gobierno de Felipe Calderón, se registraron 25 mil 900 homicidios en todo el país. Chihuahua ocupó el primer lugar, su tasa de homicidios fue cuatro veces la reportada a nivel nacional: 77 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

El promedio de asesinatos durante la administración de Peña Nieto es de mil 800 al mes y 21 mil 600 al año. Los especialistas consideran que si esta tendencia continúa, el año 2018 podría terminar con 8 mil asesinatos más de los que se reportaron en el sexenio de Calderón.

En 2012 la violencia se concentró en el norte del país. Con excepción de Guerrero, el segundo lugar en homicidios, los otros puntos rojos en el mapa se encontraban en Durango, Sinaloa y Tamaulipas. Cada estado reportó, en promedio, mil 800 asesinatos.

En 2015, en el tercer año del presidente Enrique Peña Nieto, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa ocuparon de nuevo las primeras posiciones y al tercer y cuarto lugar de la lista se unieron Colima y Baja California. Estos cinco estados duplican la tasa de homicidios dolosos en todo el país, según los datos del Inegi. “La estrategia de ambos gobiernos es exactamente la misma: apagar las llamas. A veces logran contener el fuego, pero lo hacen sin considerar los efectos que trae a largo plazo”, explicó Furszyfer.

Las cifras no muestran un panorama alentador. En los primeros seis meses de 2016 el registro de homicidios subió 20%, respecto al mismo período de 2015; es decir, ocurrieron casi 2 mil asesinatos más. Colima, Guerrero, Sinaloa y Baja California siguen estando en el tope de la lista y analistas de seguridad prevén que estos datos subirán en casi todo el país.

De acuerdo con el experto de México Evalúa, la estrategia, hasta ahora, es insuficiente ante la problemática. “No se está atendiendo ni a la población objetivo, ni a la más vulnerable. Las acciones duran poco tiempo y no están contribuyendo a prevenir la violencia”. Jonathan Furszyfer añadió que estas acciones, a largo plazo, terminan creando un rechazo hacia la policía.

Los esfuerzos que están haciendo organismos como Inegi o el Secretariado Ejecutivo aún no alcanzan. “Sin buenos datos no puedes evaluar ni hacer estrategias. Por ejemplo, necesitas saber exactamente en dónde ocurrió, porque mucho de la problemática es a nivel colonia e incluso a nivel calle”, expuso el coordinador de México Evalúa.

Actualmente se cuenta con dos instituciones recopilando datos sobre un mismo tema, pero de manera diferente. El Secretariado reporta 72 mil 749 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas entre 2012 y 2015. El Inegi supera este dato por 16 mil 816 registros. La mayor diferencia la tienen en Chihuahua y el Estado de México, las cifras del gobierno tienen, en promedio, 3 mil 200 asesinatos menos.

La discrepancia radica en que el Secretariado Ejecutivo Nacional, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, registra únicamente las averiguaciones previas iniciadas por homicidios y no el número de víctimas. Un solo expediente puede tener el caso de una familia entera asesinada. Inegi, por otro lado, alimenta su base de datos de los certificados de defunción en los que se especifica cómo murió alguien.

La falta de homogeneidad de las fuentes hace difícil el análisis real de los asesinatos en México. “Hay una lucha para saber si la información que nos están dando se está codificando bien”, publicó en enero de 2016 Hiram Beltrán-Sánchez, investigador de la Universidad de California, en un artículo sobre el impacto de los homicidios en la esperanza de vida de los mexicanos.

Amenaza. Cártel acecha en la carretera

Todo ocurrió en tres minutos. Reportero y fotógrafo regresábamos de cubrir la nota y sobre la carretera Lázaro Cárdenas (Michoacán)-Zihuatanejo (Guerrero), dos vehículos nos bloquearon el paso. Descendieron una veintena de sujetos armados, rodearon la camioneta y nos apuntaron. El terror nos invadió y ellos parecían disfrutarlo. Uno -quizá el jefe- contestó un mensaje de su radio y les dijo algo, se retiraron. Fueron 90 segundos, pero nosotros sentimos que viajamos al infierno y se nos permitió regresar.

El corredor turístico Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo, ubicado entre los estados de Michoacán y Guerrero, cada vez se vuelve más peligroso para el turista, para el viajero, para las autoridades y para los propios habitantes de esa región costera, nos platicarían después.

Las camionetas de cualquier modelo y automóviles de lujo son el blanco perfecto para los integrantes de Guerreros Unidos, cártel de mayor predominancia en esa zona, donde los asaltos están a la orden del día, advierten autoridades de las fuerzas federales, que responden al embate criminal.

¡Lo comprobamos aquella tarde mientras circulábamos sobre la carretera Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo!

Sentimos el terror cuando al menos una veintena de sujetos armados, quienes no rebasaban los 20 años, apuntaron hacia nosotros.

Estábamos incrédulos, pero era real lo que sucedía. Mientras ellos con firmeza sostenían sus armas y nos apuntaban, nosotros no lográbamos entender si nos iban a atacar por ser michoacanos, periodistas o por haber cubierto los operativos de la Marina-Armada de México del otro lado de la frontera estatal; en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde se había desatado la violencia en los últimos días.

Pero no, el objetivo no éramos nosotros; iban por la camioneta en la que viajábamos hacia Zihuatanejo, Guerrero, después supimos.

Después de que los criminales, a bordo de una camioneta y de un taxi del servicio público se retiraron del lugar donde nos habían detenido, con la amenaza clavada en su sarcástica risa, nos regresamos en busca de militares y/o policías federales.

Mi compañero y yo apenas podíamos hablar, pero coincidimos en que fueron los dos o tres minutos más largos de nuestra vida y que estábamos seguros que nos matarían por la forma en la que rodearon el vehículo en el que viajábamos; por fortuna no fue así.

“Ya nos deberíamos estar acostumbrando”, suelta el encargado de un establecimiento comercial ubicado entre los poblados de Petacalco y Lagunillas, donde nos detuvimos a comprar unos refrescos, pues era agobiante el calor.

Circulan libremente, en su mayoría jóvenes con fusiles de asalto al servicio del crimen organizado, a los que les pagan desde 750 hasta mil 500 pesos semanales para asaltar a quienes circulan por esa vía de comunicación.

Según datos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano que se han sumado al Operativo Guerrero Seguro, los jóvenes que han logrado capturar confiesan que su mayor anhelo es ser jefes de plaza del narco.”Ellos con que traigan sus cuernos de chivo, sus AR-15, sus camionetas y poder, lo que quieren es ser jefes para controlar su comunidad, a las mujeres, los cobros de piso, las extorsiones, los secuestros y dar órdenes; quieren eso, el poder”, comenta un elemento policial.

Poco antes del episodio ocurrido a plena luz del día, cerca de las 13:00 horas, los civiles armados hacían otra vez de las suyas con plena impunidad. A tan sólo ocho kilómetros, cerca del acceso a Petacalco, un grupo de viajeros era encañonado de igual manera y despojado con violencia de su vehículo. No corrieron con la misma suerte que nosotros. “Allá atrás están golpeando bien ca… a unos turistas; son personas armadas y encapuchadas. Ayúdenlos, los van a matar”, alertaba un automovilista que circulaba en esa carretera a elementos federales.

Los federales, apoyados por militares, nada pudieron hacer: el hecho ya estaba consumado.

Estrategia fallida

La violencia en México pasó de estar focalizada principalmente en el norte a una distribución geográfica más generalizada. En 2012 Baja California Sur reportó cinco homicidios por cada 100 mil habitantes. Para 2015 fueron 23, seis puntos más que la media nacional. En Colima tampoco cede la delincuencia.

Entre más detalles se comiencen a tener de los crímenes se podrá saber cómo es que la epidemia se está transmitiendo al resto del país o por qué no disminuye en casi ningún sitio, aseguró Jonathan Furszyfer, de México Evalúa.

De acuerdo con un análisis que esta organización realizó durante la entrega del 4to Informe de Gobierno, lograron confirmar que los operativos que se están implementando en los estados no están funcionando. “El ejemplo es el Operativo en Tierra Caliente. A partir de que intervino la Marina, la Policía Federal y el Ejército hay una alza en los homicidios”.

Julio terminó como el mes más violento durante el gobierno de Peña Nieto; apenas 2 mil asesinatos menos que en el peor mes de Calderón (octubre de 2012). La estrategia cambia de nombre, pero los datos no.

Fuente: elsiglodetorreon.com.mx

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