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Ayotzinapa y la verdad que no aparece


Hace dos años que el país espera una respuesta a la duda que quiebra el ánimo y levanta la indignación: dónde están los 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero.

Hasta ahora, la historia de lo que sucedió entre las 17:30 horas del 26 de septiembre y las 2 de la mañana del 27 de septiembre de 2014 está fragmentada en 25 averiguaciones previas de los ámbitos estatal y federal, en dos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en dos más del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, en uno de la Procuraduría General de la República (PGR) y en al menos una decena de libros.

Todas las investigaciones, sin embargo, no han podido aclarar lo que pasó con aquellos jóvenes que al parecer fueron secuestrados por policías y entregados al grupo criminal de Guerrero Unidos, cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en la manifestación del 2 de octubre que conmemora cada año el movimiento estudiantil de 1968.

La “verdad histórica” que construyó para ellos la PGR al asegurar que habían sido asesinados y sus cuerpos quemados en un basurero del municipio de Cocula, se desvaneció al cabo de las investigaciones del GIEI y de pruebas realizadas por peritos internacionales que, no obstante, han sido rebatidas para sostener esa hipótesis.

De los 43 estudiantes desaparecidos, hasta ahora sólo han sido hallados e identificados los restos de uno: Alexander Mora, de 19 años, que fue hallado y desde enero de este año la PGR no ha dado a conocer algún otro avance en la investigación. Sólo un informe

La PGR, por su parte, ha tenido que reiniciar prácticamente la investigación que el exprocurador Jesús Murillo Karam dejó inconclusa y con fallas señaladas por el GIEI y la CNDH. También relevó a José Aarón Pérez Carro, quien se desempeñó como titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, cargo que ocupa Alfredo Higuera Bernal desde junio pasado.

Pero tal vez el revelo más esperado y controversial es el de Tomás Zerón, quien estuvo a cargo de las investigaciones como jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Renunció la semana pasada para ocupar la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional, por designación del presidente Enrique Peña Nieto. Esto, a pesar de la investigación que la PGR sigue en su contra por la probable alteración de evidencias durante las pesquisas en el río San Juan, como mostró un video que dio a conocer el GIEI en abril pasado, al presentar su segundo y último informe.

Con base en testimonio fotográfico y de video que mostró el GIEI, Zerón estuvo en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, un día antes a que buzos de la Marina encontraran una bolsa con los restos de quien posteriormente fue identificado como el normalista Alexander Mora. Esta diligencia, sin embargo, no está integrada en el expediente, pues en su versión oficial la PGR asegura que visitó hasta el lugar el día siguiente, el 29 de octubre de 2014.

 LOS SEPARARON EN GRUPOS

 Aunque desde enero la PGR no ha informado de avances en la investigación, la dependencia aseguró que ha tomado más de 100 nuevas declaraciones entre julio y septiembre, de las cuales 39 son de policías ministeriales de Guerrero y 19 de policías federales que estarían involucrados en el caso.

También informó que han sido consignados 168 implicados: 54 policías municipales de Iguala, 149 de Cocula y el resto integrantes o cómplices de Guerreros Unidos. Entre ellos uno principal es Víctor Hugo Benítez Palacios, identificado como “El Tilo”, quien aparece en el informe de la PGR del caso Ayotzinapa como “el indiciado 18”.

Detenido en junio pasado en Morelos, la PGR lo identifica como líder de “Los Peques” o “Los Tilos”, un brazo armado de Guerreros Unidos, y un testigo clave en el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Tanto que las autoridades ofrecían 1.5 millones de pesos a cambio de información que ayudara en su detención.

A partir de estas indagatorias, las autoridades analizan si los jóvenes pudieron haber sido separados en grupos y llevados a distintos lugares. Se trata de la llamada quinta versión de la PGR, de la cual ya había informado el GIEI en su segundo informe de abril. Se trata de una versión acotada de la primera que ofreció Murillo Karam, y según la cual un grupo de estudiantes fue asesinado e incinerado en el basurero de Cocula y otro grupo de 17 normalistas habría sido trasladado y desaparecido en una ubicación hasta ahora desconocida. Por eso las autoridades han ampliado su radio de búsqueda a los municipios de Huitzuco y Tepecoacuilco, además de Iguala y Cocula, con una tecnología utilizada en arqueología llamada LIDAR, para ubicar posibles fosas.

Pero otros personajes clave de esta trama siguen prófugos. Entre ellos Felipe Flores Velásquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, y el expolicía municipal Alejandro Tenescalco Mejía, quienes conocieron y fueron testigos de la detención de los normalistas en Iguala.

Tampoco hay indicios sobre la identidad de “El Caminante”, a quien unos 20 policías involucrados en los hechos llamaron decenas de veces durante las horas en las que los estudiantes eran atacados y detenidos en las calles de Iguala, entre las 9 de la noche del 26 de septiembre y la 1 de la mañana del 27 de septiembre.

Para la PGR, todas las evidencias obtenidas hasta el momento permiten atribuir a Guerreros Unidos la responsabilidad por la desaparición de los normalistas y, por ende, presumir que los ejecutaron y calcinaron, de acuerdo con su informe, entregado a los padres de los 43 estudiantes en junio pasado.

Aunque las autoridades aseguran que de las 941 peticiones que hizo el GIEI han atendido 91% y el resto está en vías de cumplimentarse, todavía pesa sobre el caso una nube de inconsistencias y contradicciones que se expande sobre los 80 kilómetros que fueron escenario de la acción “concertada” contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Entre otras, queda pendiente la duda sobre la participación de elementos del 27 Batallón del Ejército que negaron ayuda a las víctimas o fueron omisos frente a los ataques. De acuerdo al GIEI, personal militar estuvo presente en varias escenas de los hechos como testigos directos. Por ello pidieron entrevistarse con los militares, pero su solicitud nunca fue atendida.

A dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa todavía quedan vacíos en la historia de lo que sucedió entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Y una pregunta que sigue abierta: ¿Dónde están los estudiantes?

Fuente: elsiglodetorreon.com.mx

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