Alterar padrón, principal delito en elecciones

Entre los años 2012 y 2017, en el país sumaron nueve mil 395 denuncias penales por presunto delito electoral. En ese periodo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) reporta que en Jalisco se han registrado 192 averiguaciones previas. Sin embargo, la cifra se queda corta con el Estado de México, que es líder nacional y acumuló dos mil 490 investigaciones.

En la estadística, ocho de cada 10 denuncias reportadas son por la alteración del padrón electoral, el registro federal de electores, la lista nominal o la expedición ilícita de credenciales de elector. En resumen, siete mil 876 denuncias.

Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que tiene un convenio con la Fepade, detalla que hay muchos delitos relacionados con los registros electorales, como “la suplantación, aportar datos falsos y falsificar la credencial”.

En lo que va del presente periodo electoral, con miras al primero de julio, la Fiscalía federal ya recibió 84 denuncias.

Por delitos electorales, muchas denuncias y pocos detenidos

Aún se dificulta ejercer acción penal en materia de delitos electorales. Pese al gran número de averiguaciones previas por su presunta comisión, sólo en uno de cada 10 casos hay detenidos.

Según datos estadísticos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de enero de 2012 al 30 de noviembre 2017 se cumplimentaron 985 órdenes de aprehensión en todo el país, cuando el número de averiguaciones previas iniciadas en el mismo periodo es nueve mil 385; es decir, que sólo en el 10% de los casos se detuvo al infractor.

Si bien no todas las averiguaciones previas deben derivar en una detención, pues durante las investigaciones se puede comprobar que no se registró delito alguno o hay falta de pruebas, el número es bajo.

Además, la Fiscalía señala que se detuvo a otras 10 personas sorprendidas en flagrancia en 2016 y 2017, la cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público. De éstas, cuatro llevan su proceso en libertad y en las otras seis el órgano jurisdiccional analiza la legalidad de sus detenciones.

Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de Jalisco, explica que existe dificultad para ejercer acción penal en este tipo de delitos.

“Los tipos penales son un poco difusos en la ley, no hay una claridad del tipo penal, aún cuando vemos que son pocos los artículos, las conductas que enuncia son muchas. Sin embargo, acreditar el tipo penal no es sencillo. Sobre todo porque hay pocas denuncias en materia electoral y porque denuncian conductas que no precisamente son delitos electorales. En el pasado proceso electoral se denunció de manera recurrente el robo de lonas, pero éste no está tipificado dentro de los delitos electorales, es un robo simple o un robo agravado de acuerdo con la manera en la que se lo hayan robado”.

Fernando Espinoza de los Monteros Santillán, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), considera que no existe dificultad alguna para ejercer acción penal en este tipo de delitos sino que es la incapacidad de los ministerios públicos para conformar las averiguaciones previas o las carpetas de investigación, y por los acuerdos políticos.

“Entre los acuerdos políticos muchas veces va el no ejercer acción penal en contra de los responsables de los delitos electorales porque no les conviene. Hay incapacidad y está sometido a la selectividad del derecho penal que tiene un fundamento en acciones de carácter político”.

Alterar el padrón, ilícito más común

Las prácticas que buscan controlar los resultados de las elecciones persisten en México. Datos estadísticos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) revelan que la alteración del padrón de electores es el ilícito más común en la materia.

Según la Fepade, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2012 y 2017 se abrieron siete mil 876 averiguaciones previas en todo el país por la alteración del padrón electoral, el registro federal de electores, la lista nominal y la expedición ilícita de credenciales de elector. Esto representa el 83% del total de las investigaciones, que da cuenta de nueve mil 395 en ese periodo. Actualmente hay pendientes alrededor de cuatro mil.

Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que tiene un convenio con la Fepade, precisa que la mayoría de las denuncias por alterar el padrón las presenta el Instituto Nacional Electoral (INE).

“El INE es el que detecta cuando algún ciudadano va a hacer algún cambio de credencial, traen documentos falsos o pretenden suplantar a una persona que ya cuenta con su credencial para votar. Ahí el competente es la Federación a través de la Fepade”.
El  funcionario explica que hay muchos delitos relacionados con el registro federal de electores. “De entrada, la suplantación, aportar datos falsos y falsificar la credencial. Dentro de esta intención de falsificarla hay varias conductas, como el turismo electoral, que tiene que ver con aportar un domicilio falso para votar en una elección que no nos corresponde. Eso pasa mucho en Estados donde las elecciones no son concurrentes, de un Estado se brincan a otro”.

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Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, así como el financiamiento de las campañas electorales. Los puede cometer cualquier persona: funcionarios públicos, militantes de partidos, candidatos, empresarios, ministros de culto y ciudadanos, entre otros.
Estas conductas, que no son consideradas como graves, son castigadas por la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el Código Penal Federal.

Suman 192 investigaciones en Jalisco en el periodo 2012-2017

En cuestión de delitos electorales, Jalisco sigue la tendencia nacional, pues la alteración del padrón electoral también es el delito más común, pues ocho de cada 10 averiguaciones previas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) son por esta causa.

De 2012 a 2017 se iniciaron 192 investigaciones, de las cuales 161 fueron por alterar la lista de electores; es decir, el 83% del total.

Las averiguaciones previas por otros delitos son mínimas. En ese periodo, apenas se contabilizan seis por abstenerse de comprobar los gastos de campaña y sólo tres por destrucción o venta de material electoral.

Por la compra de votos, obstaculizar el desarrollo de la jornada electoral y cuando funcionarios obligan a subordinados a emitir su voto a favor de un candidato y utilizan fondos o bienes a favor de un partido, por cada uno se iniciaron dos investigaciones.

Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General del Estado, indica que en la dependencia, la mayoría de las denuncias corresponden al robo de lonas y por la utilización de programas sociales para fines proselitistas.

“Hemos visto por ejemplo que el propio secretario de Desarrollo Social presentó una denuncia por un mal uso de un programa social. También el tema de la compra de voto ha sido algo muy recurrente, pero es muy complicado probarlo con los elementos de prueba que lo acompañan”.

Acentúa que la mayoría de las denuncias que reciben por compra de votos las interponen los ciudadanos cuando no les entregan la dádiva que habían prometido a cambio de su sufragio. Recuerda que tanto comprar como vender el voto son delitos.

Delitos electorales en Jalisco (2012-2017)
Ilícito Denuncias
Alteración del padrón electoral 161
Abstenerse de comprobar gastos de campaña 6
Destrucción o venta de material electoral 3

Fuente: Fepade.

Estado de México, el primero en denuncias

La Entidad que registra la mayor incidencia en denuncias penales por este delito es el Estado de México, que además de ser el más poblado nunca ha tenido alternancia en el Gobierno estatal, pues el PRI lleva 87 años en el poder. Allí la Fepade inició de 2012 a 2017 dos mil 490 averiguaciones previas, el 95% por la alteración del padrón electoral. La mayoría de éstas se abrieron en el 2013, al siguiente año de las elecciones que llevaron a la victoria a Enrique Peña Nieto.

Un caso especial es Quintana Roo: a pesar de ser de las Entidades con menos población, es el segundo Estado con el mayor número de delitos electorales. La Fiscalía contabiliza mil 10 averiguaciones, de la cuales 981 se abrieron por el mismo motivo: alteración del padrón electoral.

En tercer lugar se ubica la Ciudad de México, con 730 investigaciones en el mismo periodo. La mayoría también por alterar el padrón.

Fernando Espinoza de los Monteros Santillán, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), precisa que la alteración del padrón es la figura más recurrida para tratar de manipular los resultados de las elecciones.

“Las estrategias electorales están basadas en los padrones electorales, por eso el más constante de los delitos tiene relación con el padrón. Normalmente recurren a eso para ganar la elección”.

Por otra parte, por la compra o por la solicitud de votos por paga o dádiva alcanzan la cifra de 245 averiguaciones en toda la República.

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Otro de los delitos más comunes es aquel que cometen servidores públicos cuando destinan, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato. Se registran 144 expedientes en investigación.

Fiscalía federal

Principales delitos (2012-2017)
Ilícito Averiguaciones previas
Alteración del padrón electoral  7,876
Compra de votos 245
Desvío de recursos para favorecer a partido o candidato 144
Órdenes aprehensión cumplidas
Año Casos
2012 171
2013 153
2014 77
2015 130
2016 194
2017 260
Total 985

Quedan en “relumbrón”

Las denuncias electorales de “relumbrón” son las más comunes. De acuerdo con Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General del Estado, nueve de cada 10 que se presentan en la dependencia son de este tipo.

Una denuncia de “relumbrón” ocurre cuando candidatos o partidos la promueven deliberadamente sin sustento, sin elementos de prueba o cuando el objeto de la misma no existe. Esto es una estrategia más de campaña, pues regularmente invitan a los medios de comunicación cuando la presentan para ganar titulares.

“La mayoría de las denuncias son con estos tintes, muy mediáticas pero sin acompañarlas de pruebas, de testigos, y al momento de estar integrándolas la gente no quiere declarar y a veces los propios denunciantes se quieren desistir”, explica el funcionario.

Aunque se trate de una denuncia frívola, indica, es una obligación de la autoridad investigarla para descartar o comprobar la comisión de un delito.

Señala que muchas veces las denuncias se quedan como publicaciones en redes sociales y nunca son formalizadas ante la autoridad.

“Ahí es donde nos damos cuenta que no hay intención de denunciar formalmente, sino que es algo más mediático”.

Padece la Fepade rezago de 10 años

Por la gran cantidad de casos y la falta de personal, hay un rezago de al menos 10 años en la Fepade. Una auditoría de desempeño a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 reveló que la dependencia tardaría al menos una década en resolver los tres mil 500 casos que se encuentran abiertos.

En el año 2006, la Fepade tenía 317 averiguaciones previas sin resolver, pero en 2015, la cifra se disparó a tres mil 540 expedientes.

Según la Auditoría, la Fiscalía tiene apenas siete policías ministeriales y 29 Ministerios Públicos. Ni quiera uno por Estado.

De acuerdo con el documento, a la dependencia federal le toma en promedio 519 días para integrar una averiguación previa por un delito electoral.

Según la ASF, hay deficiencias en el proceso de investigación y persecución de los delitos electorales, por lo que aunado al rezago y la estructura de la dependencia federal se ocasiona un retraso importante en la impartición de justicia electoral y pone en riesgo el ejercicio del voto libre y secreto.

“Lo anterior hace evidente la necesidad de contar con mayor fuerza policial y ministerial para atender los asuntos que se presentan y, con ello, abonar en la búsqueda de una procuración de justicia penal electoral pronta y expedita”, señala la dependencia federal en el documento.

Necesario, reforzar la capacitación de las Policías

Con el nuevo sistema de justicia penal, que también aplica en la investigación de delitos electorales, es necesario capacitar a los policías para que conozcan cómo deben proceder ante un hecho, señala Héctor Díaz-Santana Castaños, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El funcionario reconoce que para cumplir con especificaciones como la flagrancia y el respeto al debido proceso, todos los elementos deben saber qué pasos seguir.

Ante la dificultad de capacitar a todos los policías en el país, trabajan en acuerdos de colaboración con los tres niveles de Gobierno y buscarán proporcionar materiales didácticos o videos para que los uniformados puedan identificar un presunto hecho delictivo en materia electoral. Descarta que el nuevo sistema vaya a provocar que aumente la impunidad.

“En un mes vamos a concluir un protocolo para la investigación en materia de delitos electorales, esta es una oportunidad, vamos a tener prácticamente homologada la forma en que tenemos que investigar los delitos electorales”.

Díaz Santana prevé que las denuncias por delitos electorales aumenten durante el actual proceso, por los cambios en la legislación. Y sostiene que mantienen “la lupa” para prevenir irregularidades como el mal uso de programas sociales, desvío de dinero público a las campañas o dinero ilícito, y que no se cometan acciones que puedan modificar las condiciones de competencia política.

El fiscal federal informa que desde el inicio de las precampañas el pasado 15 de diciembre han recibido 84 denuncias que siguen en proceso de investigación.

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El INE pide a los funcionarios respetar la ley

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para apoyar las acciones relacionadas con el proceso electoral 2017-2018, con la intención de evitar que los recursos públicos y programas sociales sean utilizados con fines político-electorales. El evento fue aprobado por el presidente del INE, Lorenzo Córdova, para dejar en claro que es ilegal que todos los servidores públicos condicionen el otorgamiento de los beneficios de los programas sociales a una conducta proselitista o también al apoyo a un partido político, candidata o candidato. El mensaje es nacional.

Acentuó que cualquier intento de compra o coacción del voto debe ser denunciado oportunamente para impedir que se vulnere la equidad y contribuir a la limpieza de las elecciones.

A nombre del Instituto Nacional Electoral, llamó “a todos los funcionarios públicos involucrados en el desarrollo de programas sociales a nivel nacional, federal y local en todo el país, a que se conduzcan en el marco de la ley y eviten cometer las conductas que afecten la equidad de las elecciones”.

Explicó que uno de los convenios precisa las acciones y los apoyos que brindará el Gobierno de la Ciudad de México al Instituto, como la difusión de manera electrónica y en espacios de las dependencias gubernamentales, de información que contribuya a que las y los ciudadanos puedan actualizar sus datos y ubiquen los módulos de atención; también facilitará los espacios para las tareas de capacitación contribuyendo a la ubicación de las casillas a través de Locatel y garantizará las condiciones de seguridad y monitoreo para el traslado de los documentos electorales a la Junta Local del INE.

Se trata de impedir que los servidores públicos se beneficien electoralmente de su acceso a los recursos que manejan y evitar que los programas sociales sean utilizados.

El convenio con el Gobierno de la Ciudad de México promoverá que sus dependencias difundan, a través de las páginas electrónicas oficiales, los requisitos para obtener la credencial para votar con fotografía, la ubicación de los módulos de atención ciudadana, así como la ubicación de casillas que se instalarán el 1 de julio de 2018.

¿Qué es un delitos electoral?

  • Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

¿Quiénes pueden cometer ilícitos?

  • Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso.
  • Estas conductas están contenidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones.
  • En el ámbito federal, la Fepade es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar tus derechos.

¿Cuándo se puede cometer un delito?

  • Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos.
  • Mediante presión u amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.
  • Amenace con suspender los beneficios de los programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición.
  • Organice la reunión o el transporte para llevarte a votar y te digan por quién votar.
  • Solicite u ordene evidencia del sentido de tu voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto.
  • Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales.
  • Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales.
  • Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra los lugares donde se resguarden.
  • Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral.
  • Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.
  • Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.
  • Altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía.

Fuente: https://www.informador.mx

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