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Sesión ordinaria del Congreso del Estado

San Luis Potosí SLP.- El Poder Legislativo sumó al Estado de San Luis Potosí a la agenda que a nivel nacional debe imperar en el combate a la corrupción al aprobar por unanimidad, en sesión ordinaria, reformar la Constitución Política local, para armonizarla con la federal, a fin de crear el Sistema Estatal Anticorrupción.

El Sistema Estatal Anticorrupción combatirá abiertamente las conductas típicas de los funcionarios o personas que, en contacto con el poder público, busquen o adquieran un beneficio personal en detrimento del Estado, para lo cual es preciso alcanzar mayores estándares de buen gobierno, a través de asumir esfuerzos ejecutivos, concentrados en la prevención de los actos de corrupción, y no solamente en la sanción de los mismos, aunque este segundo aspecto deba modernizarse bajo un esquema garantista efectivo en su aplicación.

Asimismo, fortalecer los controles internos y externos para combatir a la corrupción bajo un esquema legal, homogéneo y coordinado, en el actuar de las autoridades competentes.

El Sistema Anticorrupción en el Estado estará representado por un conjunto de autoridades, elementos, programas y acciones que interactúan entre sí para el diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la promoción de la integridad pública; contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado.

De la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del órgano interno de control del Gobierno del Estado; y por el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; además, un Comité de Participación Ciudadana, conformado por el número de ciudadanos que establezca la normatividad aplicable, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia y la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; los que serán designados en términos de la legislación correspondiente.

Se materializa la obligación de todos los servidores públicos que establezca la ley, para presentar, bajo protesta de decir verdad, sus declaraciones patrimonial; y de intereses, ante las autoridades competentes, y en los términos que determine la ley. De igual manera, estipula que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados por la comisión de delitos derivados por hechos de corrupción. Por otra parte, las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, o por sus homólogos en los municipios, según corresponda, y serán sancionadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y sancionadas por los órganos internos de control.

Este ajuste constitucional modifica la denominación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que además de las atribuciones que la ley en la materia le señala, impondrá las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales, en franca concordancia con el Sistema Anticorrupción en el Estado.

En otro tenor, otorga al titular de la Consejería Jurídica del Estado, la atribución para intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se vea afectado el interés del Estado o de alguno de sus municipios, que era propia del Procurador General de Justicia del Estado, conservando éste último la facultad de intervenir en dichas controversias y acciones cuando se trate de la materia penal. Aunado a ello, el Consejero deberá intervenir en todos los negocios en que el Estado sea parte o en los que sea vea afectado el interés público; y a solicitud de los ayuntamientos y sus entidades, el Consejero Jurídico les prestará la asesoría que requieran.

Por último, concordante al texto constitucional federal, se incluye, el delito de enriquecimiento ilícito, como causa de extinción de dominio de los bienes, que procederá junto a los casos de, secuestro; robo de vehículos; y trata de personas; con el objeto de privar del derecho de propiedad a una persona, respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos señalados, sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna; régimen de excepción para combatir a la delincuencia organizada, que surge de la necesidad de contar con herramientas especiales para un tipo especial de delincuencia que ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades, y que se distingue por sus características especiales en su capacidad de operación, la sofisticación de sus actividades, el impacto social de los delitos que comete, y su condición de amenaza contra el Estado.

La propuesta para reformar la Constitución Política del Estado fue presentada por el gobernador, Juan Manuel Carreras López, y aprobada por el Congreso del Estado.

Cabe recordar que el Congreso de la Unión ha dado ejemplo de la agenda que a nivel nacional debe imperar en el combate a la corrupción, al aprobar, el día 27 de mayo de 2015, la Reforma Constitucional por medio de la cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

En términos de la Reforma Constitucional las entidades federativas tienen la obligación de establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como coordinarse con el Sistema Nacional Anticorrupción.

VALORES DE SUELO URBANO, RÚSTICO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

El pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría, con 20 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, desechar la propuesta de las tablas de valores de suelo urbano, rústico y construcción para el ejercicio fiscal 2016, presentada por el ayuntamiento de San Luis Potosí, por no cumplir con lo establecido en los artículos 78, 86, 87, 88, y 89 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y por no sustentar con elementos técnicos, legales, sociales o económicos que justifiquen los incrementos o reducciones planteados; así como la modificación y creación de zonas homogéneas y corredores de valor.

Con ello, el próximo año se aplicarán las tablas de valores de suelo urbano, rústico y construcción de este 2015.

En el dictamen aprobado se señala que en la propuesta que se analizó se observó que el ayuntamiento de San Luis Potosí envió a este Poder Legislativo un documento en el que se plantearon incrementos que el Consejo Técnico Catastral no justificó, máxime que como se establece en la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado, el ayuntamiento deberá aprobar las normas técnicas y administrativas aplicables a la ejecución de los trabajos catastrales, pues no ha de ser arbitrariamente que se determinen los valores de suelo urbano, rústico y construcción, si no mediante el análisis técnico y preciso que concluya, en su caso, el incremento, de aquéllos.

De lo anterior se establece que en la documentación presentada no se advirtió que haya sustentos técnicos, legales, sociales y económicos, que aporten elementos para justificar el porqué del incremento; ni los elementos, estudios o factores que se hayan considerado, sostiene el dictamen.

Fue aprobada por mayoría, con 25 votos a favor y 1 en contra, la propuesta de las tablas de valores de suelo urbano, rústico y construcción para el ejercicio fiscal 2016, presentada por el ayuntamiento de Venado, la cual no sufrió variaciones en relación a la de este año.

Se aprobó por unanimidad la propuesta de las tablas de valores de suelo urbano, rústico y construcción para el ejercicio fiscal 2016, presentada por el ayuntamiento de Moctezuma, la cual es similar en relación a la de este año.

Fue aprobada por unanimidad la propuesta de las tablas de valores de suelo urbano, rústico y construcción para el ejercicio fiscal 2016, presentada por el ayuntamiento de Cedral, la cual no sufrió variación en relación a la de este año.

Se aprobó por unanimidad autorizar al ayuntamiento de Ciudad Valles donar terreno a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el fraccionamiento Rafael Curiel, para construcción y funcionamiento de preparatoria.

Fue aprobado por unanimidad autorizar al ayuntamiento de Rioverde donar terreno a la SAGARPA, en calle Doctor Gabriel Martínez, para construcción y funcionamiento de sus instalaciones.

COMISIONES ESPECIALES

Fueron aprobados por unanimidad los dictámenes con proyecto de resolución para crear la Comisión Especial de Atención a Denuncias de Periodistas.

Comisión Especial de Ganadería. Comisión Especial de Protección Civil. Comisión Especial de Participación Ciudadana y Desarrollo Social. Así como la Comisión Especial para la Conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917.

ASUNTOS GENERALES

En asuntos generales, las diputadas Josefina Salazar Báez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Martha Orta Rodríguez, María Rebeca Terán Guevara, Xitlálic Sánchez Servín, Dulcelina Sánchez de Lira, Lucia Nava Piña, María Graciela Gaitán Díaz y Guillermina Morquecho Pazzi presentaron, por separado y en la Tribuna Legislativa, pronunciamientos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los legisladores José Luis Romero Calzada, Oscar Carlos Vera Fábregat y Héctor Mendizábal Pérez también presentaron, por separado y en la Tribuna Legislativa, pronunciamientos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, solicitó que el pleno del Congreso del Estado considere realizar un mecanismo de consulta a la sociedad potosina, a través de un referéndum, para determinar si se debe o no legislar respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo.

El legislador Héctor Mendizábal Pérez coincidió con la legisladora Martínez Cárdenas y dijo que el Grupo Parlamentario del PAN se manifiesta a favor de consultar a la sociedad potosina, a través de un referéndum, para determinar el término de familia.

Antes, se aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política para modificar el Comité de la Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado para incluir como sexto vocal al diputado José Luis Romero Calzada.

Después de su elección, Romero Calzada rindió la protesta de ley para desempeñar dicho cargo.

De esta manera el Comité de la Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado quedó integrado por los diputados: Héctor Mendizábal Pérez, presidente; Gerardo Limón Montelongo, secretario; Fernando Chávez Méndez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Mariano Niño Martínez, J. Guadalupe Torres Sánchez, y José Romero Calzada, vocales.

En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; demás Poderes del Estado; Ayuntamientos; Poderes de otras entidades del país; Particulares e Iniciativas.

Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a las 11 horas del jueves 03 de diciembre del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Poder Legislativo de Jardín Hidalgo número 19.

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