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Pobladores de Santo Domingo se oponen al tiradero de desechos industriales: Diputados

Diputados 250416San Luis Potosí SLP.- A fin de conocer de primera mano el desarrollo del proyecto para la creación del confinamiento de desechos industriales en Santo Domingo, los diputados de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente realizaron el día de hoy un foro informativo en el que participaron representantes de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable, Palula responsables del proyecto, académicos del Colegio de San Luis y representantes de pobladores de este municipio.

El presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, diputado Jesús Cardona Mireles indicó que este ejercicio permitirá a los legisladores conocer las posiciones tanto de la empresa como de los habitantes, investigadores y autoridades respecto a la instalación de la misma.

Agregó que el Congreso del Estado mantiene la apertura para conocer las posiciones y verificar que en cualquiera de los casos, no se vulneren los derechos de las personas y se garantice un adecuado funcionamiento.

A nombre de la empresa, Fausto Cervantes, manifestó que la intención de la empresa es dar tratamiento a 670 toneladas de desechos industriales diariamente, que en base a procesos químicos para eliminar la toxicidad, se pretende dar un confinamiento a residuos totalmente inertes que no tendrán afectaciones a la población cercana.

Detalló que la empresa ubicó este terreno en base a diversos estudios realizados por expertos en materia de suelo y agua, e incluso académicos de la propia UASLP, fueron quienes determinaron la factibilidad para la instalación de este centro en un predio de 20 hectáreas, el cual tendrá una vida útil de 30 años.

Agregó que la empresa cuenta con los permisos ambientales, de factibilidad y uso de suelo otorgados por los 3 niveles de gobierno, en base al cumplimiento de las normas y leyes mexicanas requeridas para la instalación de una empresa de este tipo, así como la lejanía que debe existir entre éste y los centros de población, el cual queda a 12 kilómetros.

Recalcó que se tratarán en esta zona residuos de la industria local y nacional, que serán manejados de acuerdo a las normas ambientales, pero no se admitirán residuos biológico-infecciosos, radioactivos ni tóxicos.

En lo relacionado al agua, el también responsable de la empresa David Atisha señaló que en base a los estudios geofísicos realizados en la zona, no se encontró evidencia de acuíferos en la zona que fueran aptos para consumo, por lo cual, el sitio es factible para la operación de esta empresa.

El jurídico de la empresa, Luis Rodolfo Rodríguez  indicó que se cuenta con una factibilidad sobre el uso de suelo en el municipio, condicionada a la autorización de las normas federales, y para iniciar operaciones se requiere aún colmar algunos trámites al respecto.

Edgar Coronado y Manuel Villanueva, representantes de los habitantes de Santo Domingo rechazaron la instalación de este confinamiento, en virtud de que aducen nunca haber sido consultados al respecto, ya que de acuerdo a la normatividad, la empresa únicamente cumplió con la publicación en un diario local y por internet y no directamente con la población que desconocía totalmente el proyecto.

Los investigadores del Colegio de San Luis,  German Santa Cruz, Francisco Javier Peña indicaron que el proyecto tiene irregularidades desde la propia ubicación del predio, que de acuerdo a la aprobación de SEMARNAT, se ubican en Zacatecas en el municipio de Mazapil.

Indicaron que este confinamiento sí utilizará sustancias tóxicas como peróxido de hidrógeno, ácido nítrico,  y ácido sulfúrico, además de que las biomembranas que se instalan para evitar escurrimientos al subsuelo no son totalmente seguras; asimismo, los residuos que sean tratados no serán totalmente inertes ya que no existe un método óptimo para eliminar la peligrosidad de los mismos.

Resaltaron que de acuerdo a CONAGUA, en la zona de influencia sí existe acuífero que estaría en riesgo. Además, la presencia de la empresa generará altos costos de proximidad a los habitantes, que van desde la depreciación de los terrenos cercanos, hasta la falta de cobertura en seguros ante cualquier eventualidad.

El responsable del Centro de Derechos Humanos, Samuel Ruiz, informó que se ha interpuesto un amparo indirecto ante las instancias federales contra el proyecto, del cual esperan la resolución por parte de los tribunales en la materia.

El legislador Jesús Cardona indicó que se revisará la información presentada al interior de la comisión que preside, para continuar con el análisis correspondiente.

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