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La LXI Legislatura expidió la primera nueva ley de su gestión

San Luis Potosí SLP.- A prácticamente dos meses de haber iniciado funciones, la LXI Legislatura del Congreso del Estado expidió la primera nueva ley de su gestión al aprobar por unanimidad, en sesión ordinaria, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la cual establece 10 criterios para la administración de recursos, que son: legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Además, la LXI Legislatura aprobó por unanimidad reformar el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para establecer que el Poder Ejecutivo deberá presentar al Congreso del Estado, a más tardar el día 20 de noviembre (y no el 15 como estaba actualmente) de cada año, las correspondientes iniciativas de Ley de Ingresos; y del Presupuesto de Egresos, para el siguiente año, que deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos de los poderes, Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, así como de los organismos constitucionalmente autónomos. Esta reforma es para estar en condiciones de conocer la asignación de recursos que determine la Federación el día 15 del mismo mes.

También se reformó la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí para establecer que los municipios deberán presentar al Congreso del Estado sus respectivas leyes de ingresos para el siguiente año el 25 de noviembre, sustituyendo que éstas fueran presentadas el 15 del mismo mes, ello con la finalidad que éstos conozcan el monto exacto de las participaciones y aportaciones federales y estatales que les corresponderá ejercer en sus respectivos presupuestos de egresos. Además, se reformó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que aprobó la LXI Legislatura, tomó en cuenta las iniciativas que en su momento presentaron el gobernador Juan Manuel Carreras López y los diputados Josefina Salazar Báez, Fernando Chávez Méndez y el exdiputado Sergio Eduardo Govea Zavala.

Esta ley define lo que es el gasto público y quiénes son sus ejecutores. También establece responsabilidades y sanciones para quienes lo ejerzan, y se dan los criterios para la administración de los recursos públicos.

En sólo 86 preceptos ordinarios, se disciplinará el ejercicio del presupuesto, estableciendo principios y criterios para el ejercicio de los recursos públicos, así como de los egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los entes autónomos, los municipios y sus respectivas dependencias y entidades. De igual manera, se norman también a las entidades de asistencia social y organizaciones civiles que ejerzan recursos públicos.

Es necesario que los criterios de legalidad, honestidad y austeridad estén presentes en la administración de los recursos públicos, y que además éstos se empleen con eficiencia y eficacia, con economía y racionalidad, así como de manera inexcusable, con trasparencia, control y la debida rendición de cuentas.

La presupuestación y programación del gasto público del Ejecutivo del Estado estará a cargo de la Secretaría, y de las unidades de administración de los demás ejecutores del gasto; se implementan sistemas electrónicos para la realización de los trámites presupuestales, que simplifican y transparentan el manejo de los recursos; por ejemplo, a través del uso de la firma electrónica, o el relativo al sistema de administración financiera estatal, con el fin de que la captación y dispersión de recursos se lleve a cabo de manera electrónica.

La Ley establece también que la elaboración de las leyes de Ingresos; y del Presupuesto de Egresos, sea obligatoriamente congruente con el Plan Estatal de Desarrollo, y los planes municipales.

Dentro de un esquema de planeación y adecuada programación, se definen las acciones que deberán llevar a cabo los ejecutores del gasto en materia de control presupuestario, de tal manera que, entre otras cosas, deberán justificar que la celebración de los contratos plurianuales son los idóneos para la concepción de los objetivos de sus administraciones. Se define quiénes serán los responsables de la ministración y pago de los recursos.

En materia de austeridad y disciplina presupuestaria se determinan los lineamientos que deberán seguir los ejecutores del gasto, a fin de racionalizar y eficientar la aplicación de los recursos. Para lo anterior, se establece en la ley que las unidades de administración de los ejecutores del gasto, deberán emitir un programa para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales.

En materia de transparencia de la información gubernamental, la ley remite a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la normatividad estatal de la materia.

Se excluyen documentos como el clasificador por objeto de gasto, que no debe ser parte integrante del Presupuesto de Egresos.

Contiene un esquema de conductas infractoras y sus respectivas sanciones, para todos aquellos sujetos a cuyo cargo se encuentran las actividades de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, evaluación de los recursos públicos, y la rendición de cuentas, independientemente de las sanciones que establecen las demás disposiciones de responsabilidad administrativa y penal, en su caso.

En el artículo sexto de esta ley se señalan las sanciones e indemnizaciones y se menciona en el artículo 80 que los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y demás disposiciones aplicables en términos del Título Décimo Segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Artículo 81. La Auditoría ejercerá las atribuciones que, conforme a la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, y las demás disposiciones aplicables, le correspondan en materia de responsabilidades.

Artículo 82. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I. Causen daño o perjuicio a la hacienda pública estatal o municipal, incluyendo los recursos que administran los poderes, o al patrimonio de cualquier ente autónomo;

II. No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público establecidas en esta Ley, así como en los presupuestos de egresos, estatal, y municipales;

III. No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece este Ordenamiento, con información confiable y veraz;

IV. Distraigan de su objeto dinero o valores, para uso propio o ajeno, si por razón de sus funciones los hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa;

V. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso del Estado, en los términos de esta Ley y otras disposiciones aplicables;

VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la Secretaría, la Contraloría, la Auditoría, o los órganos de control interno de los ejecutores del gasto, en el ámbito de sus respectivas competencias;

VII. Realicen actos que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de los ejecutores del gasto, unidades responsables y programas;

VIII. Realicen acciones que deliberadamente generen subejercicios por incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y

IX. Infrinjan las disposiciones generales que emitan la Secretaría, la Contraloría, los órganos de control interno de los ejecutores del gasto, y la Auditoría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

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