Mediante este Punto de Acuerdo, el legislador busca que el Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorte de manera respetuosa a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, así como a Oficialía Mayor del Estado de San Luis Potosí, para que juntos realicen acciones interinstitucionales coordinadas a fin ejecutar y cumplir el Decreto Presidencial de fecha 21 de Julio de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Julio de 1993, con el objetivo que se doten de Escritura Pública a los inmuebles en los que se ubican las escuelas en las que se prestan servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y especial y pasen a formar legalmente parte del Patrimonio del Estado.
Agrega que según datos del INEGI, en el estado de San Luis Potosí existen 7 mil 632 escuelas públicas, de las cuales alrededor de 6 mil 040 carece de una Escritura Pública que ampare la propiedad del Estado sobre la misma.
Destaca que con fecha 21 de Julio de 1993, el Presidente de la República Mexicana, firmó Decreto por el que se autoriza a la Secretaria de Desarrollo Social a transferir a favor de los Gobiernos de las Entidades Federativas, los inmuebles en los que se ubican las escuelas en la que prestan los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y especial; decreto que aún no se ha ejecutado.
“Es necesario que realicemos este tipo de acciones, que contribuyen a dar orden y certeza jurídica al Patrimonio del Estado de San Luis Potosí. Es un asunto de interés público, que en pos de la Modernidad Educativa nos obliga a emprender acciones, coordinar esfuerzos de las Autoridades respectivas para que se dote de las Escrituras Públicas a todas las Escuelas que están en esta irregularidad”, manifiesta.
“Siendo necesaria una eficaz coordinación interinstitucional para lograrlo. Esto no implica solo tener más infraestructura sino también que la infraestructura educativa que se tiene tenga el orden y la seguridad jurídica que legalmente necesita”, considera el legislador.